La Comunidad retrasa el derribo de un club náutico por razones humanitarias

Francisco Javier Ortiz, de 43 años, tiene una esposa, tres hijos, cuatro perros, dos gatos, cientos de tablas de navegación a vela y un club náutico, ilegal, que va a ser derribado, a orillas del pantano de Pedrezuela. Sin embargo, ayer la suerte le acompañó cuando las excavadoras se encaminaban a destruir su complejo. Sólo la mediación, en últíma instancia, de un responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid logró para los trabajos de demolición. "Por razones humanitarias"; su ejecución será retrasada hasta el mes de febrero.

Hace casi 16 años, Francisco Javier y Lucía se instala...

Francisco Javier Ortiz, de 43 años, tiene una esposa, tres hijos, cuatro perros, dos gatos, cientos de tablas de navegación a vela y un club náutico, ilegal, que va a ser derribado, a orillas del pantano de Pedrezuela. Sin embargo, ayer la suerte le acompañó cuando las excavadoras se encaminaban a destruir su complejo. Sólo la mediación, en últíma instancia, de un responsable de Urbanismo de la Comunidad de Madrid logró para los trabajos de demolición. "Por razones humanitarias"; su ejecución será retrasada hasta el mes de febrero.

Hace casi 16 años, Francisco Javier y Lucía se instalaron con su caravana juntó al pantano. Allí felices alquilando tablas a los aficionados al deporte de la vela. Como el negocio funcionaba compraron el terreno que ocupaban, limítrofe con las tierras del embalse: unos 80.000 metros cuadrados. Luego instalaron un embarcadero a orillas del pantano y levantaron una casa de madera y varias edificaciones auxiliares, que utilizaron como taller y almacén de material náutico. Ajardinaron y plantaron árboles. Sólo existían dos problemas: habían construido en suelo rústico y el embarcadero, con bar incluido, estaba en tierras del Canal de Isabel II. El matrimonio no contaba con ningún permiso de explotación.

Gritos y lloros

Desatendiendo, desde 1990, los requerimientos de la Comunidad de Madrid para que abandonase los terrenos, Ortiz dejó pasar el tiempo. Ayer, con una orden judicial en la mano, los funcionarios de la Consejería de Política Territorial se aprestaron a cumplir las órdenes recibidas. Una excavadora, 12 operarios y seis guardias civiles les ayudarían en las labores.

Gritos, lloros, peticiones de indulgencia, la amenaza de que marse a lo bonzo y un abogado ingenioso lograron el milagro.

El director general de Urbanismo, Miguel Ángel López Toledano, se apiadó. La angustiosa llamada del letrado Jesús de Haro logró que los trabajos de demolición se retrasasen dos meses "por razones humanitarias".

Si en ese plazo Francisco Javier Ortiz no ha desmontado el complejo, las excavadoras actuarán sin piedad. La justicia se quedó, por el momento, a orillas del pantano.