Los alquileres congelados subirán más que el IPC para rentas mayores de 3 millones
El anteproyecto de ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija un plazo de diez años para que los contratos de alquiler de vivienda con prórroga forzosa actualicen sus rentas. Esta norma general tiene una amplia excepción: todas las familias cuyos ingresos sean inferiores a cuatro veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos tres millones de pesetas anuales.La actualización de la renta propuesta por el Gobierno en el texto -remitido al Consejo Económico y Social y presentado a las comunidades autónomas- consiste en recuperar la inflación desde que se inició el contrato. En el supuesto...
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El anteproyecto de ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) fija un plazo de diez años para que los contratos de alquiler de vivienda con prórroga forzosa actualicen sus rentas. Esta norma general tiene una amplia excepción: todas las familias cuyos ingresos sean inferiores a cuatro veces el salario mínimo interprofesional, es decir, unos tres millones de pesetas anuales.La actualización de la renta propuesta por el Gobierno en el texto -remitido al Consejo Económico y Social y presentado a las comunidades autónomas- consiste en recuperar la inflación desde que se inició el contrato. En el supuesto de las viviendas cuyas rentas no se actualizan, lo que sí se aplicará cada año es la inflación pasada.
El documento, realizado por los ministerios de Obras Públicas y de Justicia, también recoge el caso de aquellos inquilinos que, con rentas superiores a tres millones de pesetas, no quieran actualizar la renta en diez años. Éstos deberán abandonar la vivienda al cabo de esos diez años, en el transcurso de los cuales se les aplicará a sus rentas el IPC de cada ejercicio.
La regulación de los contratos de alquiler en prórroga forzosa para locales comerciales también recoge novedades respecto al anterior proyecto de ley de alquileres, aprobado por el Consejo de Ministros el año pasado y que decayó al disolverse las Cortes para dar paso a las últimas elecciones generales. Entre estas novedades destaca la distinción que se establece para pequeños comercios y para grandes empresas. El Gobierno define como pequeño comercio al que da trabajo fijo y durante la jornada completa a menos de cinco personas.
Por otro lado, Josep Maria Cullell, consejero de Política Territorial de la Generalitat, manifestó que "Convergencia i Unió no puede dar apoyo al redactado actual del proyecto de la LAU". El consejero admitió tras la reunión que su coalición ha recibido presiones del Ministerio de Obras Públicas para que dé su apoyo al proyecto tal como está redactado ahora. Cullell aseguró que "problemas puntuales y competenciales lo que impiden que nosotros demos apoyo al texto".