El defensor del pueblo de Aragón recomienda que se anule el convenio con Antena 3 TV

El Justicia de Aragón (defensor del pueblo), Juan Bautista Monserrat, recomienda al Gobierno aragonés que proceda a la anulación del acuerdo suscrito con Antena 3 Televisión, para realizar una programación regional de unas 800 horas anuales, por las que el Ejecutivo pagará un canon de 1.300 millones de pesetas al año. Así se recoge en el documento hecho público ayer, consecuencia de un escrito presentado por el grupo socialista de las Cortes de Aragón ante la citada institución. El PSOE anuncia que exigirá el cumplimiento de la recomendación del Justicia, al mismo tiempo que prosigue sus accio...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

El Justicia de Aragón (defensor del pueblo), Juan Bautista Monserrat, recomienda al Gobierno aragonés que proceda a la anulación del acuerdo suscrito con Antena 3 Televisión, para realizar una programación regional de unas 800 horas anuales, por las que el Ejecutivo pagará un canon de 1.300 millones de pesetas al año. Así se recoge en el documento hecho público ayer, consecuencia de un escrito presentado por el grupo socialista de las Cortes de Aragón ante la citada institución. El PSOE anuncia que exigirá el cumplimiento de la recomendación del Justicia, al mismo tiempo que prosigue sus acciones judiciales y parlamentarias.El informe del Justicia detecta en el citado convenio irregularidades jurídicas como son la falta de consignación presupuestaria, ausencia de fiscalización previa, omisión de requisitos legales de la capacidad del contratista y falta del informe previo preceptivo de la comisión de ordenación y racionalización administrativa, entre otros.

Para el PSOE la resolución del Justicia se basa "en el fraude y violación del estatuto de autonomía aragonés". Este partido denuncia que el Justicia ha visto obstaculizada su labor en este caso desde el Gobierno regional. IU considera "contundente" el informe del Justicia, y cree que "debe retirarse el contrato".

El Gobierno aragonés, que hizo público un comunicado, entiende que la recomendación de el Justicia "carece de argumentos jurídicos, es imposible de cumplir y vulnera el principio de defensa que rige estos procedimientos".

Archivado En