Los interventores en la suspensión de pagos de las Torres de Europa, relevados por decisión judicial
La nueva titular del juzgado de primera instancia número 11 de Madrid, María del Mar Crespo, ha removido a los interventores designados por el anterior responsable del juzgado para tramitar la sus pensión de pagos de Urbanor, constructora de las Torres de Europa en la madrileña Plaza de Castilla, y suspensa como consecuencia de la situación de Prima Inmobiliaria, la promotora del grupo inversor kuwaití KIO.
Los interventores cesantes, Miguel Guijarro Gómez y Alberto Grande García, fueron señalados como sospechosos de monopolizar procedimientos de suspensión en un informe que el Consejo...
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La nueva titular del juzgado de primera instancia número 11 de Madrid, María del Mar Crespo, ha removido a los interventores designados por el anterior responsable del juzgado para tramitar la sus pensión de pagos de Urbanor, constructora de las Torres de Europa en la madrileña Plaza de Castilla, y suspensa como consecuencia de la situación de Prima Inmobiliaria, la promotora del grupo inversor kuwaití KIO.
Los interventores cesantes, Miguel Guijarro Gómez y Alberto Grande García, fueron señalados como sospechosos de monopolizar procedimientos de suspensión en un informe que el Consejo General del Poder Judicial remitió, para su investigación, a la Fiscalía General del Estado el pasado octubre.La suspensión de pagos de Urbanor generó una deuda de 40.000 millones de pesetas y dos grandes grupos de acreedores: un bloque de constructoras que formaron una unión temporal de empresas en la que Fomento de Construcciones y Contratas aportó un 70% y Construcciones San Martín el 30% restante; y un bloque de bancos entre los que destacan Cajamadrid y un pool de cajas de su órbita, Banesto y sociedades de su ámbito de influencia como Isolux y el Banco de Vitoria, y por último, el BBV.
La suspensión de pagos correspondió inicialmente al juez Joaquín Maroto, que designó como interventores judiciales a Miguel Guijarro y Alberto Grande, y a Isolux como interventor representante de los acreedores, en razón de la fortísima inversión de esta sociedad en las instalaciones eléctricas de las Torres de Europa.
Sin embargo, el juez Maroto cambió de destino y la nueva titular del juzgado, apenas llegada hace menos de un mes, removió de sus cargos a los interventores Miguel Guijarro y Alberto Grande, y los sustituyó por los economistas Javier Ramos Torre y María Rosa Moya Barba. Como interventor-acreedor fue designado, en sustitución de Isolux por el grupo de bancos, el abogado y catedrático de Derecho Civil Ramón López Vilas, representante de la UTE de empresas constructoras.
Los interventores judiciales sustituidos adquirieron notoriedad a raíz de que un informe (le la Inspección del Consejo General del Poder Judicial revelase que la práctica totalidad de los procedimientos universales (te los juzgados de Madrid eran acaparados entre cuatro interventores, dos de los cuales eran Miguel Guijarro y Alberto Grande.
Según dicho informe, en los dos últimos años Miguel Guijarro había intervenido en 64 asuntos con un pasivo empresarial de 77.390 millones de pesetas. Alberto Grande, designado en 21 asuntos con un pasivo de 22.000 millones. De los otros dos interventores, Joaquín Lluch Rovira formaba pareja habitual con Miguel Guijarro y Carmina Soler, con Alberto Grande.
Ante el cúmulo de irregularidades que la Inspección observó en el proceso de designación de interventores, el Consejo puso los hechos en conocimiento del fiscal del Estado, sin que se tenga constancia de que la Fiscalía haya ejercitado acciones penales transcurridos seis meses.
Según fuentes jurídicas próximas al caso, Guijarro y Grande no han entregado aún la documentación de la suspensión de pagos pese a haber sido requeridos por la juez y por los nuevos inventores, que tomaron posesión el pasado día 1. Pese a la resistencia de los dos anteriores los economistas Javier Ramos y María Rosa Moya y el catedrático Ramón López Vilas ya están actuando, indicaron las mismas fuentes.
A partir de ahora, los nuevos interventores tendrán que confeccionar una relación jerarquizada de créditos y acreedores preferentes sobre los 40.000 millones de pesetas de deuda de Urbanor. La deuda a la ute de constructoras es de unos 6.800 millones de pesetas; a Cajamadrid y al grupo de cajas de ahorro, de unos 10.000 millones, al grupo Banesto, de unos 5.000 millones y algo menos de esta cantidad al BBV. La labor de los interventores se prolongará durante dos o tres meses.