El Partido Popular amenaza a González con una querella por prevaricación en el 'caso KIO'

El secretario general del Partido Popular (PP), Francisco Alvarez Cascos, amenazó ayer al presidente del Gobierno, Felipe González, con una querella por un presunto delito de prevaricación si descubre irregularidades en las autorizaciones públicas de las inversiones de la Kuwait Investment Office (KIO) en España. El PP estima que esta iniciativa debería adoptarla una comisión de investigación parlamentaria, pero no descarta asumirla si no se constituye esa comisión. Por otra parte, el presidente de Iniciativa per Catalunya (IC), Rafael Ribó, anunció la presentación en los próximos días de una ...

El secretario general del Partido Popular (PP), Francisco Alvarez Cascos, amenazó ayer al presidente del Gobierno, Felipe González, con una querella por un presunto delito de prevaricación si descubre irregularidades en las autorizaciones públicas de las inversiones de la Kuwait Investment Office (KIO) en España. El PP estima que esta iniciativa debería adoptarla una comisión de investigación parlamentaria, pero no descarta asumirla si no se constituye esa comisión. Por otra parte, el presidente de Iniciativa per Catalunya (IC), Rafael Ribó, anunció la presentación en los próximos días de una querella contra los anteriores y los actuales responsables de KIO.

Álvarez Cascos, que realizó una rueda de prensa para presentar un conjunto de iniciativas parlamentarias sobre el caso KIO, considera que el Gobierno ha incurrido en un presunto delito de prevaricación y en desviación de poder.Cascos basa su acusación de prevaricación en que el Consejo de Ministros omitió la autorización especial y necesaria para que KIO, es decir un Estado extranjero, invirtiera en España. El secretario general del PP añadió que como "las responsabilidades penales son siempre personales, el que ha de responder de ellas es Felipe González en su calidad de presidente del Gobierno". Explicó, además, que la pena para este delito es la inhabilitación especial para cualquier cargo público.

La intención de la formación política que preside José María Aznar es que se cree una comisión de investigación parlamentaria que aclare la actuación de la Administración a lo largo de la vida de KIO en España. "Deberá ser esta comisión la que depure las responsabilidades pertinentes", dijo.

El PP estima también que el Gobierno ha incurrido "en una posible desviación de poder", al imponer algunos directivos, como Manuel Guasch o Javier Vega de Seoane, al Grupo KIO. Respecto a la presunta responsabilidad de Javier de la Rosa en la crisis de KIO, Cascos se limitó a comentar que "no nos pronunciamos sobre actuaciones privadas".

Acusaciones de Ribó

El presidente de Iniciativa per Catalunya (IC), Rafael Ribó, anunció ayer en Gerona la presentación en los próximos días de una querella contra los anteriores y los actuales responsables del grupo KIO por considerarles responsables de un delito de malversación de dinero público, irregularidades económicas y bursátiles y de poner en peligro los puestos de trabajo, informa Elianne Ros.Tras una reunión con los re presentantes de los trabajadores de la empresa del grupo Torras Papel, Ribó subrayó que la agrupación política que preside no pretende "intervenir en los enfrentamientos entre kuwaitíes y Javier de la Rosa" sino "pedir responsabilidades" a los dirigentes del grupo por la utilización de dinero público, cifrado en 100.000 millones de pesetas, en las operaciones financieras realizadas en España. "Sor prende que nadie reclame este dinero", manifestó Ribó en clara referencia a las administraciones autonómica y central.

Rafael Ribó marcó como principal objetivo de la acción judicial el mantenimiento del empleo, por lo que considera necesaria la intervención de los gobiernos autonómico y central para salvar las empresas. Ribó, que acusó a ambas administraciones de pasividad por no exigir responsabilidades a KIO, considera que la intervención del Gobierno no debe limitarse a la inyección de capital sino que también debe afectar a la propiedad de las empresas.

Aunque no pronunció la palabra nacionalización o expropiación, Ribó propone una "intervención transitoria sobre el control de la propiedad" hasta que la viabilidad de las empresas esté asegurada. Sobre este aspecto Ribó remarcó que el gobierno del PSOE no puede sacar "el espantajo de la nacionalización" tras la intervención pública realizada en el grupo Rumasa. Según Ribó, el presidente Pujol ha mantenido un "comportamiento irresponsable" al facilitar a De la Rosa un aval de 10.000 millones para la construcción del Parque Busch.

[Por otra parte, siete jubilados catalanes presentaron ayer ante la Audiencia Nacional una querella criminal en la que solicitan ejercer la acción popular contra el financiero Javier de la Rosa y los ex gestores de KIO en España, informa Europa Press.]