Timor y la esperanza
El proceso de descolonización iniciado por Portugal tras el triunfo de la Revolución de los Claveles quedó incompleto el 7 de diciembre de 1975. Timor Este, territorio de 18.900 kilómetros cuadrados en la isla más oriental del conjunto insulindio, fue invadido por el Ejército indonesio cuando el proceso de independencia estaba consolidándose de común acuerdo con la nación administradora, Portugal.La resistencia del pueblo timorense a la política de hechos consumados impuesta por el Gobierno indonesio y la pasividad internacional se tradujo en una violenta represión, calificada de genocidio por...
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El proceso de descolonización iniciado por Portugal tras el triunfo de la Revolución de los Claveles quedó incompleto el 7 de diciembre de 1975. Timor Este, territorio de 18.900 kilómetros cuadrados en la isla más oriental del conjunto insulindio, fue invadido por el Ejército indonesio cuando el proceso de independencia estaba consolidándose de común acuerdo con la nación administradora, Portugal.La resistencia del pueblo timorense a la política de hechos consumados impuesta por el Gobierno indonesio y la pasividad internacional se tradujo en una violenta represión, calificada de genocidio por organismos como Amnistía Internacional, que ha conducido a un elevado número de muertos y desaparecidos, cifrado en un tercio de su población, que en 1974 era de unos 800.000 habitantes.
La política de asimilación llevada por las autoridades indonesias, anuladora de la identidad cultural, lingüística y religiosa del pueblo de Timor Este, ha sido denunciada por instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su subcomisión de lucha contra las medidas discriminatorias y de protección de las minorías, en su sesión de 27 de agosto de 1990.
El cerco de silencio sobre Timor se levantó trágicamente tras la matanza del cementerio de Santa Cruz, en Dili, el 12 de noviembre de 1991. Doscientos setenta y un muertos, 250 desaparecidos, 382 heridos, fueron el resultado de la violenta represión de las Fuerzas Armadas indonesias contra los congregados con motivo de las exequias de un joven asesinado 15 días antes, de nombre Sebastiâo Gomes, por unidades militares indonesias. La presencia de periodistas extranjeros, expulsados por vía de urgencia, obligó al Gobierno indonesio a reconocer los hechos, y, ante la conmoción internacional, abrir una encuesta interna de responsabilidades sobre los mandos militares que se concretó en una mascarada de juicio y unas penas simbólicas para los generales Warouw y Panjaitan, responsables del Comando Militar de Dili.
Pero el silencio volvió de nuevo sobre Timor. Hace unos días, las Fuerzas Armadas indonesias hicieron pública la detención de Xanana Gusmao, líder de la resistencia. Con ello pretendían comunicar a la opinión internacional que la oposición armada había sido descabezada.
Como ciudadanos españoles, nuestras convicciones democráticas nos llevan a ser solidarios con el pueblo de Timor. El tamaño de los pueblos o su lejanía geográfica no pueden implicar que se sea más o menos solidario con ellos. Porque la violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo nos hace a todos, directa o indirectamente, un poco menos libres.
El pueblo de Timor debe tener derecho a decidir libremente su destino, a ejercer el derecho a la autodeterminación contemplado en la Carta de las Naciones Unidas. Y ello pasa, en primer lugar, porque se ponga en libertad, de manera inmediata e incondicional, a todos los timorenses detenidos por su lucha en pro de la independencia de su país.
Hay que poner en práctica las resoluciones de los organismos parlamentarios internacionales y europeos, y conseguir el libre acceso de las organizaciones humanitarias a la isla: sólo así la comunidad internacional podrá detener sobre el terreno el genocidio del que está siendo víctima el pueblo de Timor.
Las Naciones Unidas, desde nuestro punto de vista, deben jugar un papel activo en la resolución del contencioso indonesio-portugués-timorense. Sería, en ese sentido, conveniente que se adoptara un mandato expreso encargando a su secretario general, Butros Gali, facilitar el comienzo de negociaciones urgentes entre las partes.
España debe contribuir, en la medida de su capacidad, a dar una solución justa a este conflicto. Y por eso consideramos que nuestro país, que a partir del 1 de enero formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU, ha de trabajar a favor de la implementación de las resoluciones del Parlamento Europeo, que ha demandado la retirada de las fuerzas indonesias de ocupación, la suspensión de la venta de material militar a Yakarta y la condena de las violaciones de los derechos humanos en Timor Este.
La cultura y la razón democrática, insistimos, se demuestran defendiendo la libertad y el derecho allá donde, de cualquier forma, los derechos humanos están siendo violados. En el caso del pueblo de Timor, el Gobierno indonesio no ha respetado ninguno de esos derechos; los ha violado todos desde su raíz. ¿Dónde y cómo hemos de demostrar nuestra razón democrática?
Suscriben este artículo Cristina Almeida, Marcos Ana, Julio Anguita, Juan Antonio Bardem, Manuel Bonmatí, Francisco Calderón, Marcelino Camacho, Carlos Carnero, Javier Domínguez, Francisco Frutos, Juan Carmelo García, José Antonio Gimbernat, Antonio Gutiérrez, Francisco Marcellán, Juan Moreno, Maite Núñez, Alonso Puerta, Manuel Revuelta, Xosé Luis Romero, Nicolás Sartorius, Francisca Sauquillo, María del Carmen Victory.