El lobo y Alcalá 20

Juana Calderero fue hace un año a poner unas flores a Alcalá 20, la discoteca donde murió su hijo Víctor. Por entonces, su abogado, Antonio García Pablos, decía que estaba -ella y las 81 familias de otros tantos muertos- a punto de cobrar: el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior acordarían pagarle 13,5 millones. El año 1992 empezó con más promesas. Llegó abril y Juana recibió una carta: cobrarían. Pero 1992 se va sin dinero y sin juicio. Hoy se cumplen nueve años desde la tragedia, y la mujer volverá con sus claveles a Alcalá. Ya no se cree nada.

Juana ya no recuerda las veces ...

Juana Calderero fue hace un año a poner unas flores a Alcalá 20, la discoteca donde murió su hijo Víctor. Por entonces, su abogado, Antonio García Pablos, decía que estaba -ella y las 81 familias de otros tantos muertos- a punto de cobrar: el Ayuntamiento y el Ministerio del Interior acordarían pagarle 13,5 millones. El año 1992 empezó con más promesas. Llegó abril y Juana recibió una carta: cobrarían. Pero 1992 se va sin dinero y sin juicio. Hoy se cumplen nueve años desde la tragedia, y la mujer volverá con sus claveles a Alcalá. Ya no se cree nada.

Juana ya no recuerda las veces que le han dicho que va a recibir, "ya", esos millones que le harán menos ingrato el recuerdo de un hijo que no tiene desde hace nueve años. Víctor Luis tenía 26 años y trabajaba en Correos. Entró con unos amigos en la discoteca Alcalá 20 una noche cercana a Navidad y salió con una manta encima.Lo mismo les ocurrió, en aquel pavoroso incendio, a otras 81 personas. A sus familias y a los 29 afectados que viven con las secuelas de la tragedia, el Ayuntamiento y la Administración central -cuyos representantes están procesados en la causa que instruye la sección sexta de la Audiencia de Madrid- les han prometido este año que cobrarán. El año 1992 se ha pasado con un mismo mensaje: "Les pagaremos inmediatamente". Y nadie ha visto un duro.

Alicia de Miguel tendría a estas horas a un policía municipal en, casa si las llamas no hubieran truncado la carrera de su hijo Martín, que entonces opositaba, con 24 años, para llevar el uniforme. El dolor se ha ido aplacando, pero la desidia crece en su interior. Ni siquiera va a las reuniones que convoca el abogado García Pablos. "Lo único que pienso es en un juez independiente que haga justicia".

Juana, que tiene una tintorería en Vallecas, aprovechó que el alcalde, José María Alvarez del Manzano, fue hace unas semanas a una maratón en Canillejas. Ella llevaba el uniforme de Protección Civil y le abordó sin más. "Me cogió de las manos, me dio dos besos y me dijo que sí, que quería pagar, pero que no quería precipitarse, a ver qué decía el Consejo de Estado. Yo no me creo nada".Juana está este año más desanimada que nunca. Ha pasado un diciembre y otro, y era ella quien llamaba a los padres de los muchachos que perdieron la vida en aquella trampa de humo que resultó ser Alcalá 20 -con la salida de emergencia encadenada, revisado el Iocal unos días antes por el Ayuntamiento- Les llamaba uno a uno por teléfono, para que fueran a llevar flores y a protestar por la lentitud de la justicia. "Ya no tengo ganas de nada, cada año vamos menos a Alcalá.

Desesperanza

Razones tienen para la desesperanza Juana y Alicia. Aún no se ha producido la vista del juicio -aplazado por sucesivos recursos de los inculpados- Están procesados los cinco empresarios de la discoteca, un instalador del Ministerio de Industria y un representante de Interior, Guillermo Herranz, miembro de la Junta de Inspecciones de Espectáculos. El ex concejal del Ayuntamiento del PSOE Emilio García Horcajo fue exculpado por el fiscal en mayo.Mientras, las administraciones que acordaron indemnizar a los afectados antes de que se celebrase el juicio y que motivaron este año sucesivas demoras en el proceso judicial no resolverán inmediatamente.

En el Ayuntamiento dicen que, aunque acordaron -el 29 de abril- pagar la mitad de los 13,5 millones que deben percibir las familias de cada uno de los muertos, no tienen dinero porque el Estado, "a través de los fondos de compensación", no les paga a ellos.

En el Ministerio del Interior, responsable del pago de la otra mitad de la indemnización, dicen que han llegado muy pocos expedientes al Consejo de Estado, que ha de autorizar los pagos uno a uno. "El Consejo pidió hace dos semanas que se le enviase más documentación", decían, la semana pasada, fuentes de Interior, que reconocen que el proceso llevará tiempo.

Este año, dice Juana, se ha corrido el rumor de que su abogado -y el de otros 57 afectados-, Antonio García Pablos, se reunió el martes con representantes del Ayuntamiento. "Pero eso pasa cada vez que se cumple el aniversario y luego todo se acalla". Juana dice que cuando de verdad llegue una buena noticia no la abandonará el escepticismo. Como en la fábula de Pedro y el lobo.