Carretero forzó la aprobación de un informe exculpatorio sobre el escándalo Enatcar

Adolfo Carretero, presidente del Tribunal de Cuentas, forzó el pasado 27 de mayo, con su voto de calidad, la aprobación de un informe exculpatorio sobre una filial del Grupo Enatcar, involucrada en numerosos. escándalos. Al igual que en el caso Filesa, el ponente que presentó el informe sobre Transportes Bacoma fue Eliseo Fernández Centeno (elegido por el PSOE), jefe del departamento que controla las sociedades estatales. El informe tuvo el voto contrario de cinco consejeros y del fiscal. Sus críticas se ciñen a dos hechos: la fiscalización se limitó sólo al año 1989, mientras que el mandato d...

Adolfo Carretero, presidente del Tribunal de Cuentas, forzó el pasado 27 de mayo, con su voto de calidad, la aprobación de un informe exculpatorio sobre una filial del Grupo Enatcar, involucrada en numerosos. escándalos. Al igual que en el caso Filesa, el ponente que presentó el informe sobre Transportes Bacoma fue Eliseo Fernández Centeno (elegido por el PSOE), jefe del departamento que controla las sociedades estatales. El informe tuvo el voto contrario de cinco consejeros y del fiscal. Sus críticas se ciñen a dos hechos: la fiscalización se limitó sólo al año 1989, mientras que el mandato del tribunal lo extendía al año 1986, y no investigó la relación de Bacoma con Enatcar ni demás firmas del grupo.

El Tribunal de Cuentas acordó el 31 de enero de 1990 fiscalizar a la sociedad estatal Transportes Bacoma, SA, participada al cien por cien por Enatcar (Empresa Nacional de Transporte por Carretera). Esta última, creada en 1988 a partir de una antigua división de Renfe, y cuyas filiales gestionaron cualificados miembros de UGT, ocasionó un agujero de 2.000 millones, que se ha traducido en querellas criminales del actual presidente, Julen Elgorriaga, contra ex directivos y empresarios del sector, y en la detención de algunos implicados.[El Ministerio de Transportes investigó a Enatcar y halló 12 actuaciones irregularidades, entre las que destacaron la compra de 90 autocares por un valor superior al de mercado y la existencia de dobles facturas para la adquisición de material para dichos autobuses. El agujero resultante de esas irregularidades fue de unos 2.000 millones].

El acuerdo se trasladó al Parlamento, con la precisión de que de que la fiscalización debía alcanzar "fundamentalmente al ejercicio 1986 y siguientes El informe de esta fiscalización se aprobó por el tribunal el 27 de mayo, y lo presentó el ponente del caso Filesa: Eliseo Fernández Centeno. Carretero, con su voto de calidad, rompió el empate resultante de los cinco votos en contra, al margen del fiscal. Fue un calco de lo sucedido un mes más tarde con el caso Filesa.

Los cinco consejeros rechazaron el informe porque el ponente "ha incumplido el acuerdo citado [auditar, "1986 y siguientes"], ya que el informe de fiscalización elaborado y aprobado se circunscribe al ejercicio 1989". Sin embargo, según fuentes del tribunal, las mayores anomalías de Bacoma datan de antes de 1989.

Balance sin firma

Los consejeros críticos denuncian que el "análisis se efectúa tomando como base un balance elaborado por ordenador, carente de las firmas exigidas por la vigente normativa mercantil, pendiente de legalizar al término de la fiscalización y de aprobar por la Junta General de Accionistas".

Agregan que tampoco se ha contado "con la copia autorizada de la Memoria, Balance y Cuenta de explotación y de perdidas y ganancias, ni con el obligatorio programa de actuación, inversiones y financiación y presupuestos de explotación y capital, cuya elaboración no se llevó a cabo". Estas limitaciones, según los críticos, no han evitado que el informe "se dedique exclusivamente a la descripción de determinadas deficiencias contables de los saldos incorporados al balance reseñado".

El informe, continúan los consejeros críticos, se ha ceñido a Bacoma, "lo que ha impedido obtener un resultado fundado de las operaciones llevadas a caboa partir de 1986 por esta sociedad con sus sucesivas matrices, Renfe y Enatcar, SA, así como con sus diversas filiales, entre otras, Comercial de Transportes del Mediterráneo SA y Andreo, SA, a las que alude reiteradamente en el informe, y a pesar de su trascendencia en la actividad desarrollada por la sociedad fiscalizada, no se ha atendido con el necesario rigor y amplitud, dedicándose a análisis contables de menor significación y sobre estados que presentan las irregularidades anteriormente detectadas".

En consecuencia, "el informe no ofrece un resultado mínimamente fundado de la actuación de la sociedad, cuyo análisis hace ineludible examinar la actividad mantenida con las empresas del Grupo, de naturaleza pública, máxime cuando en el Tribunal se dispone de amplia información al respecto tanto en el departamento del Consejero Ponente como en la Fiscalía, a la que se remitió amplia documentación relativa a presuntas irregularidades en operaciones de Bacoma y otras sociedades del Grupo".

El fiscal del tribunal, Miguel Ibáñez, sustenta su voto negativo en la limitación a 1989 de la investigación, frente al acuerdo del tribunal y en "la conveniencia de proceder a fiscalizar no sólo Bacoma, sino las empresas matrices, filiales o relacionadas, pues en otro caso resulta dificil captar la complejidad y las consecuencias, siempre negativas, de este grupo de empresas dedicadas al transporte público de viajeros por carretera, sin fiscalizarlas todas ellas, hasta el punto de que esta fiscalía pretendió anteriormente el actual grupo Enatcar, sin haberlo logrado".