El fiscal de la Audiencia acusa a letrados de HB de mediar para ETA

Un escrito de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que detalla los nombres y métodos de actuación de los implicados en la trama del impuesto revolucionario etarra desarticulada en enero, precisa que esta red exigió a empresarios vascos 178 millones de pesetas, pero sólo recaudó 28 millones, entre abril de 1991 y enero de 1992. El fiscal señala a abogados próximos a HB como "intermediarios habituales" para exigir y cobrar el chantaje y destaca al colectivo Berdin, del que forma parte el senador Iñigo Iruin.El documento del fiscal precisa que los intermediarios son "en la mayoría de ...

Un escrito de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que detalla los nombres y métodos de actuación de los implicados en la trama del impuesto revolucionario etarra desarticulada en enero, precisa que esta red exigió a empresarios vascos 178 millones de pesetas, pero sólo recaudó 28 millones, entre abril de 1991 y enero de 1992. El fiscal señala a abogados próximos a HB como "intermediarios habituales" para exigir y cobrar el chantaje y destaca al colectivo Berdin, del que forma parte el senador Iñigo Iruin.El documento del fiscal precisa que los intermediarios son "en la mayoría de los casos abogados del entorno de Herri Batasuna que, utilizando su despacho, ponen en contacto al empresario con el miembro de ETA que va a recibir el dinero, dando citas concretas, contraseñas, nombre de la persona con la que tiene que verse y lugar, día y hora de la cita".

El documento detalla que la dirección de ETA atribuyó en 1991 a Felipe San Epifanio, Pipe, ex miembro de la Mesa Nacional de HB, la responsabilidad del aparato de finanzas en España, quien con José Carlos Apezteguía mantuvo las citas con los extorsionados para acordar el pago del chantaje. Tras la huida de Pipe en junio de 1991, le sustituyó como jefe del comando de finanzas Luis Manuel Idarraga -empleado del diario Egin-, quien se encargó de persuadir a los empresarios.

El dinero recaudado era entregado a Jon Andoni Solagurenbeaskoa, delegado en Oiartzun (quipúzcoa) del sindicato LAB. Este entregó las llaves de la sede sindical al comando fiscal para ocultar el fruto de la extorsión. Entre los abogados del bufete donostiarra Berdin, que actuaba presuntamente para mediar en tre extorsionados y la organización ETA, se cita a Iñigo Iruin -cuya implicación investiga el Tribunal Supremo- al fallecido Antonio Ibarguren y a Álvaro Reizabal, ex miembro de la Mesa Nacional de HB. Este último llegó a dar citas por escrito con los persuasores de ETA. La fiscalía precisa que esta red exigió 178 millones de pesetas, pero sólo recaudó 28.