Iniciativa discutible

LA VOLUNTAD expresada por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de contribuir con sus iniciativas a defender el sistema democrático tendría mayor crédito si se abstuviera de utilizar para ello otros mecanismos que, los derivados de la función precisa que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal: "Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley ( ... ), así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Y todo ello a fin de contribuir al...

LA VOLUNTAD expresada por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de contribuir con sus iniciativas a defender el sistema democrático tendría mayor crédito si se abstuviera de utilizar para ello otros mecanismos que, los derivados de la función precisa que la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal: "Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público tutelado por la ley ( ... ), así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Y todo ello a fin de contribuir al enraizamiento en la: sociedad de un sistema que propugna como valores superiores "la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".Resulta discutible que esa misión se materialice en iniciativas como la de dar instrucciones a los fiscales para que se opongan de forma "muy beligerante" a las acciones judiciales sin fundamento "que persigan utilizar la justicia con fines políticos". El fiscal general proyecta tal iniciativa -en la que ha introducido un dificilmente comprobable juicio de intenciones- para "evitar la judicialización de la vida política". Pero el mecanismo que pretende sólo servirá para incrementar la protección jurídica de la. que ya gozan los políticos, quienes son importantes agentes del sistema democrático, pero a quienes no cabe identificar con el mismo.

Defender la democracia no equivale a proteger a los políticos, quienes, por el contrario, deben estar sometidos a mecanismos institucionales de control. Desarrollar la obligación legal de los fiscales de oponerse a las querellas infundadas poniendo el acento en las que se dirigen contra los políticos, sería tanto como privilegiar a éstos en perjuicio de otros destinatarios de acciones penales atrabiliarias y carentes de la menor base. Pero tal vez lo más preocupante sea el contraste entre esa preocupación y la aparente pasividad a la hora de impulsar la acción de la justicia para, mediante la condena o la absolución, despejar la inquietud ciudadana en relación a los indicios crecientes de corrupción política. Eso sí que contribuiría a consolidar el sistema democrático. Por el contrario, en su orden de prioridades al servicio de la defensa de la democracia, a Hernández lo primero que se le ocurre es proteger a los políticos de las acciones judiciales.