Eligio Hernández ordenará a los fiscales que se opongan a las querellas políticas infundadas

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, dará instrucciones a los representantes del Ministerio Público para que se opongan a las queirellas políticas que carezcan de fundamento y cuya tramitación conitribuya a "utilizar la justicia con fines políticos". Hernández reiteró su voluntad de asumir la dirección de la Policía Judicial y estimó que, a través de este "reforzamiento" de la policía y, de acuerdo con Interior, se potenciará la aplicación de la ley Corcuera.

Hernández dio a conocer su propósito de potenciar una misión del fiscal que hasta ahora no ha sido prácticamente aplic...

El fiscal general del Estado, Eligio Hernández, dará instrucciones a los representantes del Ministerio Público para que se opongan a las queirellas políticas que carezcan de fundamento y cuya tramitación conitribuya a "utilizar la justicia con fines políticos". Hernández reiteró su voluntad de asumir la dirección de la Policía Judicial y estimó que, a través de este "reforzamiento" de la policía y, de acuerdo con Interior, se potenciará la aplicación de la ley Corcuera.

Hernández dio a conocer su propósito de potenciar una misión del fiscal que hasta ahora no ha sido prácticamente aplicada, con el fin de poner freno al actual fenómeno de creciente judicialización de la política en España. "Una, de las instrucciones que estoy meditando", señaló, "es el desarrollo de un precepto estatutario, en virtud del cual el fiscal debe oponerse al ejercicio de acciones penales, bien por querella, bien por denuncia, que carezcan de fundarnento".El fiscal general aludía a la gran cantidad de acciones judiciales contra políticos, interpuestas en ocasiones por otros políticos, con acusaciones de corrupción o de otro carácter, que se vienen tramitando en los tribunales españoles durante los últimos años. A juzgar por las instrucciones que proyecta el máximo dirigente del Ministerio Público, el fiscal será a partir de ahora "muy beligerante en aquellos procedimientos incoados a instancia de parte que persigan utilizar la justicia con fines políticos".

La sombra del 'caso Guerra'

El fiscal general no mencionó en ningún momento el caso Juan Guerra, en el que dos formaciones de la oposición (PA y IU) han acusado de diversos delitos al hermano del ex vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. Sin embargo, coincidió con la irritación producida en ambientes socialistas por la actuación inqyisitiva contra Juan Guerra y mostró que tal caso lo tiene presente.

Así, cuando aseguró que se está asistiendo a una "desnaturalización del proceso penal: es decir, se abre un procedimiento para ver si se averigua si hay un delito, y se investiga la vida de una persona a ver si con lupa vemos el delito o si el delito cai del cielo". Por el contrario Hemández estima que el proce, dimiento adecuado es aquel er el que "el proceso penal se instruye, como consecuencia de un delito concreto, para esclarecerlo cuando hay indicios racionales".

Dado que en España el ejercicio de la acción penal lo comparten los fiscales con los ciudadanos, mediante el ejercicio por estos últimos de la acciór popular, la recomendación del fiscal general al resto de los representantes del Ministerio Público es que "estén muy atentos y soliciten el archivo inmediato o la inadmisión de la querella desde el principio, cuando entiendan que no hay, fundamento ni pruebas suficientes para ejercitar la acción penal".

Por otra parte, entre los proyectos del fiscal general del Estado para el próximo septiembre destaca una propuesta a la Comisión Nacional de Policía Judicial, que preside el titular del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala, y a la que también pertenecen los ministros del Interior, José Luis Corcuera, y de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo. Se trata de solicitar que "el Ministerio Fiscal agote las posibilidades que el ordenamiento jurídico le da en orden a la investigación criminal y a la dirección de la Policía Judicial". Con ello, Hernández considera que se corregirían los problemas de descoordinación existentes entre los estamentos policial, judicial y ejecutivo en la lucha contra la delincuencia.

Según el planteamiento de Hernández, el fiscal sería quien ordenase las detenciones y solicitara los mandamientos de entrada y registro en domicilios, con lo que el fiscal general pretende "hacer más eficaz la aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana [la llamada ley Corcuera], puesto que la policía tendría, a la hora de actuar, el respaldo del fiscal, que sería el encargado de la investigación". Con el nuevo modelo de competencias, Hernández conflia en que se resuelvan los problemas prácticos de dicha legislación.

"Del brazo de Interior"

Los proyectos de asumir la dirección de la Policía Judicial en la lucha contra la delincuencia, en especial contra el terrorismo y el narcotráfico, son explicados por, el fiscal general del Estado como un servicio a la democracia, no una confrontación con el Poder Judicial. "Cuando yo digo que el fiscal debe dirigir la Policía Judicial y la investigación", señaló Hernández, "ha de quedar muy claro que eso no significa ir en detrimento de las funciones de los jueces, sino coadyuvar con los mismos, y tampoco supone una confrontación con el Ministerio del Interior, sino todo lo contrario, poner al servicio de la deinocracia y de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia al Ministerio Fiscal pomo protagonista, pero desde el primer momento, del brazo del Ministerio del Interior".

En la fiscalía del Estado se creará una unidad orgánica de Policía Judicial, como superior de los funcionarios de ésta y para coordinar sus trabajos.