A la cárcel antes que volver
El boyante negocio de tránsito de inmigrantes clandestinos hacia España ha hecho que algunos traficantes de hachís hayan reorientado su negocio. La existencia de mafias organizadas -que pasan inadvertidas par las autoridades marroquies, a juzgar por las escasas operaciones conocidas contra ellas- se ha aprovechado de la falta de perspectivas para los jóvenes marroquíes, el endurecimiento hasta el extremo de las posibilidades legales de emigración a la CE y la situación desesperada que se vive en el África subsahariana.
Si en todo el año 1990 la Guardia Civil de Algeciras detenía a 2...
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El boyante negocio de tránsito de inmigrantes clandestinos hacia España ha hecho que algunos traficantes de hachís hayan reorientado su negocio. La existencia de mafias organizadas -que pasan inadvertidas par las autoridades marroquies, a juzgar por las escasas operaciones conocidas contra ellas- se ha aprovechado de la falta de perspectivas para los jóvenes marroquíes, el endurecimiento hasta el extremo de las posibilidades legales de emigración a la CE y la situación desesperada que se vive en el África subsahariana.
Si en todo el año 1990 la Guardia Civil de Algeciras detenía a 263 ilegales (142 de ellos marroquíes), en los cinco primeros meses de este año han sido ya 601 los arrestados, de ellos 321 marroquíes y 125 de Liberia.
Los marroquíes que son detenidos suelen portar su tarjeta de identidad y son rápidamente repatriados a través del consulado de Algeciras. El problema es mucho más complicado con los ciudadanos de países del África negra, señalan fuentes de la comandancia de Algeciras. En ese caso, la inexistencia de documentación es la norma, y jugar al despiste sobre identidad y nacionalidad, un comportamiento cada vez más frecuente.
Se llegan a dar, cada vez más frecuentemente, casos de ilegales que llegan a España con una pequeña cantidad de droga para, si llegan a ser detenidos, ingresar en prisión y evitar la repatriación.
El Gobierno Civil de Cádiz, con el apoyo económico del Ayuntamiento de Tarifa, ha habilitado un centro de internamiento en un viejo edificio del puerto, que ha sido completamente remozado. Tiene capacidad para 80 personas. Allí, permanecen hasta 40 días, mientras se intenta identificarles e instruirles un expediente de expulsión. Pasado ese plazo sin que el expediente esté concluido, se les pone en la calle con un documento que acredita esta circunstancia. A partir de ese momento pueden circular libremente por España y, hasta cierto punto, normalizan su situación en el país.
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