Garzón envía al Supremo el caso del diputado de HB Diez Usabiaga por presunta colaboración con ETA
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer al Tribunal Supremo las actuaciones realizadas con el diputado de HB Rafael Diez de Usabiaga al existir indicios de un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. Si el Supremo considera que hay un posible delito, tendría que pedir un suplicatorio contra el parlamentario al Congreso de los Diputados. Diez Usabiaga, coordinador del sindicato abertzale LAB, sin ocultar su sorpresa, aseguró ayer que desconocía la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y declinó realizar declaraciones.
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitió ayer al Tribunal Supremo las actuaciones realizadas con el diputado de HB Rafael Diez de Usabiaga al existir indicios de un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. Si el Supremo considera que hay un posible delito, tendría que pedir un suplicatorio contra el parlamentario al Congreso de los Diputados. Diez Usabiaga, coordinador del sindicato abertzale LAB, sin ocultar su sorpresa, aseguró ayer que desconocía la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y declinó realizar declaraciones.
Entre la documentación intervenida por la Guardia Civil en la vivienda del diputado de HB figuran escritos de análisis de procesos de negociación política, entrevistas con Eugenlo Etxebeste, Antxon, y el resto de los activistas de ETA confinados en Santo Domingo, y posibles iniciativas para promover la negociación entre la organización terrorista y el Gobierno. Días atrás, los dirigentes de HB subrayaron que la existencia de esos escritos en la casa de Rafael Diez responde al papel de intermediación que ha desempeñado el diputado. Tras señalar que la "criminalización del intermediario es producto de las contradicciones internas del Estado", el senador de HB Iñigo Iruin afirmó que las labores de mediación son "toleradas e impulsadas" desde el Gobierno y aseguró que esa vía ha seguido abierta después de la operación policial que supuso la detención de la cúpula de ETA en Bidart (Francia) a finales del pasado mes de marzo.
Sus palabras fueron interpretadas de forma unánime como el anuncio de la existencia en los actuales momentos de contactos entre ETA y el Gobierno, pero el propio Iñigo Iruin ha matizado posteriormente que no pronunció en ningún momento el término contacto, sino expresiones como intermediación o vía de intermediación.
Santo Domingo
Todo apunta a que las manifestaciones del senador Iñigo Iruin constituyeron una referencia a la vía de comunicación entre Eugenio Etxebeste y el entonces director general de la Seguridad del Estado, Rafael Vera, establecida en Santo Domingo a través de las autoridades de ese país. La vía de Santo Domingo, utilizada intermitentemente, de forma esporádica, con el propósito de sondear las posiciones contrarias, funcionó con intensidad meses atrás, antes de que la explosión de un coche bomba en Madrid disipara las expectativas de la tregua exigida por el Gobierno y anulara el proyecto de diálogo existente en aquel momento. Con posterioridad, incluso después de la caída de Bidart, dirigentes de HB, entre ellos Jon Idígoras, se han entrevistado con Eugenio Etxebeste y el resto de los miembros de ETA allí confinados para evaluar la situación actual y tratar de rediseñar una nueva iniciativa de diálogo.
Algunas fuentes apuntan que Eugenio Etxebeste, el interlocutor preferente de ETA en las frustradas conversaciones de Argel, es actualmente partidario de que HB y ETA lleven a cabo una profunda reflexión.
Su permanencia en Santo Domingo, sometido a estrecha vigilancia policial, se explica únicamente por el interés del Gobierno español de disponer de un punto de contacto, en previsión de que las circunstancias hagan interesante el diálogo. El desmoronamiento organizativo de ETA y las recientes detenciones en Uruguay incrementan todavía más la situación de incertidumbre de los confinados en Santo Domingo.
Sede de LAB
La reciente detención del presunto miembro de ETA Juan José Latasa -empleado administrativo de LAB- y las declaraciones por él realizadas llevaron al juez Carlos Bueren a ordenar los registros de la sede del sindicato LAB en San Sebastián y del domicilio del diputado Rafael Diez. En las citas, Latasa entregaba papeles, cuyo contenido aseguró desconocer, a José Luis Álvarez Santacristina, Txelís, y Phillipe Lasalle, detenidos el 29 de abril en Bidart (Francia), y el diputado de HB, Diez de Usabiaga. El parlamentario manifestó ayer a este diario que desconocía el envío de las diligencias al Supremo y por ello declinaba realizar declaraciones hasta que no tuviera una confirmación oficial.
El ministro del Interior, el socialista José Luis Corcuera, dijo ayer en el Congreso de los Diputados, durante su comparecencia en comisión, que no sólo hay que luchar contra los activistas de ETA, sino también contra "los terroristas de salón", en referencia a HB y grupos afines.
[Por otra parte, los cuatro detenidos como presuntos colaboradores de ETA el pasado lunes en las localidades francesas de San Juan de Luz y Hendaya, cuya identidad no ha sido revelada, fueron puestos ayer en libertad sin cargos, informa Efe].