Quejas al Defensor

EL INFORME que cada año por estas fechas presenta el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales constituye un diagnóstico valioso sobre la forma de comportarse las administraciones públicas con los ciudadanos y las deficiencias que lastran su funcionamiento. Valioso sobre todo en una coyuntura política en que es preciso repensar las estructuras político-administrativas y especialmente su orientación hacia el usuario. Desgraciadamente, la experiencia demuestra que los sucesivos informes del Defensor apenas tienen otra utilidad que la meramente sociológica e informativa.Transcurridos 10 años de ...

EL INFORME que cada año por estas fechas presenta el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales constituye un diagnóstico valioso sobre la forma de comportarse las administraciones públicas con los ciudadanos y las deficiencias que lastran su funcionamiento. Valioso sobre todo en una coyuntura política en que es preciso repensar las estructuras político-administrativas y especialmente su orientación hacia el usuario. Desgraciadamente, la experiencia demuestra que los sucesivos informes del Defensor apenas tienen otra utilidad que la meramente sociológica e informativa.Transcurridos 10 años de funcionamiento de la institución, parece acreditada su eficacia para dar respuesta a muchas de las quejas concretas que le formulan los ciudadanos; pero de la presentación de sus informes anuales al Parlamento, al que debe dar cuenta como "alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales ante las administraciones públicas y sus agentes", no suelen deducirse iniciativas tendentes a subsanar las deficiencias legales o administrativas que posibilitan las vulneraciones que dan lugar a esas quejas. No es su culpa, sino en todo caso del Parlamento y de la Administración.

El informe correspondiente a 1991 ha contabilizado un descenso de quejas respecto a 1990 -25.730 frente a 29.396- pero no tan significativo como para deducir una merma en la creciente confianza que los españoles han mostrado en los últimos años por la institución. En gran medida el informe de 1991 es reiterativo respecto a los de los últimos años: las mismas quejas, las mismas deficiencias, los mismos servicios públicos denunciados. Lo cual da a entender que, aunque llegue a resolverse favorablemente la queja particular, el mal funcionamiento del servicio y las prácticas funcionariales viciosas persisten, dando lugar con ello a que año tras año se reitere el mismo tipo de quejas. Así, en el informe de 1991 no sólo se reproducen los reproches de siempre respecto a Correos, Renfe, Telefónica, Iberia, la sanidad pública o la Administración de justicia sino que se advierte, en general, un fuerte descenso en la calidad de los servicios que el Estado presta a los ciudadanos.

El caso de los presuntos malos tratos policiales implican a miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, policías autonómicas y municipales y, desde hace algunos años, la cohorte de policías privadas- es ilustrativo. El informe de 1991 revela un aumento de quejas ciudadanas en todos estos ámbitos policiales salvo en el de la Guardia Civil. Un dato que ha sido también señalado recientemente en el informe de la Asociación contra la Tortura relativo a los años 1990-91 y que apunta a un preocupante retroteso en el respeto a los derechos y garantías del detenido. Pero será difícil erradicar esas prácticas vergonzantes si, como se lamenta el Defensor del Pueblo, los responsables policiales persisten en no colaborar en el esclarecimiento de los hechos denunciados y en evitar así la eventual sanción de los responsables. Al desinterés, al obstruccionismo y a la paralización de los expedientes internos cuando existen procesos judiciales en curso, el Defensor del Pueblo añade la actitud dé algunos agentes de curarse en salud frente a posibles responsabilidades con denuncias falsas contra el ciudadano denunciante, al que acusan de agresión o de resistencia a la autoridad "sin que las circunstancias en que se han desarrollado los hechos respondan exactamente a esas calificaciones".

Y lo mismo ocurre en el supuesto de los abusos -malos tratos, detenciones ilegales y prácticas racistas- cometidos con una candencia preocupante por vigilantes jurados o guardas de seguridad en servicios públicos, centros comerciales o locales de diversión. Estos atentados contra la persona encuentran campo abonado en el vacío creado por la ausencia de una Ley de Seguridad Privada. Pues bien, las reiteradas recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de promulgar la citada ley siguen sin encontrar eco en las instancias gubernamentales y parlamentarias (el proyecto de Ley de Seguridad Privada duerme el sueño de los justos en algún cajón del Congreso).