El amargo final de la aventura española

Son 52 hombres de entre 17 y 32 años, y viven agrupados en tomo a una estufa de butano en el patio de butacas de un salón de actos en Vitoria. Decidieron encerrarse hace mes y medio, dos días después de finalizado el plazo para convertirse en extranjeros legales. El último recuerdo que tienen del exterior son las dos pesetas por kilo de patatas recogidas que les pagó un agricultor. Y el frío que tuvieron que soportar en pleno diciembre, en unos barracones sin servicios. Las últimas cuatro semanas las han pasado en los locales del obispado de Vitoria, desde donde piden al Gobierno Civil una "mi...

Son 52 hombres de entre 17 y 32 años, y viven agrupados en tomo a una estufa de butano en el patio de butacas de un salón de actos en Vitoria. Decidieron encerrarse hace mes y medio, dos días después de finalizado el plazo para convertirse en extranjeros legales. El último recuerdo que tienen del exterior son las dos pesetas por kilo de patatas recogidas que les pagó un agricultor. Y el frío que tuvieron que soportar en pleno diciembre, en unos barracones sin servicios. Las últimas cuatro semanas las han pasado en los locales del obispado de Vitoria, desde donde piden al Gobierno Civil una "milésima parte" de la flexibilidad que ellos han demostrado para que les amplíen el plazo de la regularización excepcional de la Ley de Extranjería. A muchos de ellos, los patronos no les dejaron trasladarse a la capital para rellenar los papeles.Abderramán tiene unos 29 años y está soltero, pero tiene a su cargo a nueve personas más en su país. "Después de esto no animaré a ningún compatriota a que intente la aventura española", dice. Sin embargo, están obligados a superar esa desilusión. Otro joven, apodado Azzedin, asegura: "Tenemos que regresar con algo. No podría volver con las manos vacías, eso sería como un fracaso".

Después de más de un mes de encierro, primero en una iglesia de barrio, en Vitoria, y ahora en los locales del obispado, su situación es crítica. Están en el punto de mira del gobernador civil, César Milano, que les ha advertido que en cuanto pisen la calle van a ser deportados. "No hay negociación posible", ha declarado Milano.

Con la policía en los talones buscando desesperadamente identificarles, y después del portazo que dieron a una representación de la Embajada argelina en Madrid, que también quería sus identidades, sólo les queda la ayuda que están recibiendo de 23 asociaciones humanitarias del País Vasco, entre ellas la asociación de ayuda a presos Salhaketa y SOS Racismo. El Ayuntamiento de Vitoria les ha negado unos locales, pero, a cambio, les endulza los domingos con chocolate.

"Salí en busca de una vida mejor para mi familia después de la muerte de mi padre", explica Abderramán. "En Argelia no hay trabajo y la alimentación está muy cara. Eso nos obliga a salir del país". Creían que en España había trabajo para todos, pero la realidad es que sólo encuentran casas semiderruidas en las que dormir unas horas después de haber sacado de la tierra dos toneladas de patatas. Todos sueñan con un empleo fijo.

Los locales del obispado están en un subterráneo en el que han instalado una cocina y una pequeña mezquita para sus oraciones. El salón de actos es dormitorio y comedor, y en los servicios han montado la lavandería. El acceso está controlado por un cuerpo de guardia en estado permanente de alerta, y dos o tres miembros de asociaciones humanitarias de Vitoria se turnan para acompañarles durante todo el día. Eroski, la mayor cooperativa de distribución de Euskadi, les suministra parte de la comida, y el resto lo sufragan las personas que apoyan el encierro.