El transporte subirá un 40% porque el Ayuntamiento no paga 6.000 millones

El precio del billete sencillo de autobús o metro en Madrid subirá un 40% -de 115 a 160 pesetas- porque el Ayuntamiento ha recortado 6.000 millones de su aportación a los presupuestos del Consorcio Regional de Transportes. Este organismo -que gestiona el Metro y la Empresa Municipal de Transportes (ENIT) y coordina las tarifas de los ferrocarriles de cercanías y los autobuses interurbanos- precisa 60.000 millones para cubrir sus previsiones en 1992. El equipo municipal del Partido Popular, que ha abierto un agujero del 10% en las cuentas del transporte público madrileño, fue tachado ayer de "i...

El precio del billete sencillo de autobús o metro en Madrid subirá un 40% -de 115 a 160 pesetas- porque el Ayuntamiento ha recortado 6.000 millones de su aportación a los presupuestos del Consorcio Regional de Transportes. Este organismo -que gestiona el Metro y la Empresa Municipal de Transportes (ENIT) y coordina las tarifas de los ferrocarriles de cercanías y los autobuses interurbanos- precisa 60.000 millones para cubrir sus previsiones en 1992. El equipo municipal del Partido Popular, que ha abierto un agujero del 10% en las cuentas del transporte público madrileño, fue tachado ayer de "insolidario" por el gerente del consorcio, Fidel Angulo.

JUAN CARLOS SANZ, Cuando un viajero adquiere un billete sencillo, un bono de 10 viajes (450 pesetas) o un abono mensual (3.000), paga la mitad del coste real del servicio. Un complejo mecanismo de subvenciones públicas obliga a los Presupuestos Generales del Estado y a los de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento a cubrir la diferencia. De cada 100 pesetas, el Gobierno de Felipe González pone 20, mientras que el Ejecutivo de Joaquín Leguina y el Consistorio de José María Álvarez del Manzano aportan, cada uno, otras 18 pesetas.Si se rompe este equilibrio financiero, el viajero tiene que hacerse cargo del déficit: las tarifas suben. Como es lógico, con precios más altos la demanda baja. Y si hay menos usuarios, el Ministerio de Hacienda, que sólo se ha comprometido a pagar por cada viajero transportado, reduce su contribución al consorcio. En conclusión: quiebra técnica.

Angulo ha emplazado al Ayuntamiento para que antes de la próxima reunión del consorcio, prevista para el 8 de enero, complete su aportación de 16.000 milllones, ya que sólo ha consignado 10.000 milllones en los presupuestos municipales para 1992. "Presumo que el Ayuntamiento no tiene dinero para el transporte público, pero sí dispone de medios para favorecer el transporte privado mediante la construcción de pasos subterráneos", señaló irónicamente ayer el gerente del consorcio.

Angulo reconoce que subir las tarifas un 40% es "abusivo y socialmente insoportable". Por ello, la institución que gestiona ha incluido en el orden del día del 8 de enero un proyecto de acuerdo para impugnar ante los tribunales los presupuestos del Ayuntamiento, que contravienen, a su juicio, los pactos que dieron origen al consorcio. En cualquier caso, aunque la corporación rectifique y se decida a aumentar su aportación, el consorcio ya ha anunciado un incremento medio del 7% en todos los títulos de transportes.

Desde 1986, los madrileños disponen de la tarjeta de transportes, que autoriza a viajar durante un mes en metro, autobuses urbanos y periféricos y en las líneas de cercanías de Renfe del término municipal. El Consorcio Regional de Transportes también ofrece tarjetas para desplazarse en el resto de la comunidad autónoma, cuyo precio varía en función de la lejanía al municipio de Madrid. El 45% de los 820.000 viajeros de los 11 primeros meses de este año utiliza el abono mensual. Y un porcentaje similar adquiere el billete de 10 viajes de metro o de la EMT (bonobús), que cuesta 450 pesetas. Menos de un 7% de los pasajeros del transporte público compra aún el billete sencillo. Si finalmente se aprueba un alza del 40% en las tarifas, el abono mensual pasará a costar 4.200 pesetas; el bono de 10 viajes, 600, y el billete sencillo, 160.

Que paguen los demás

Los responsables municipales han rebajado las subvenciones al consorcio porque consideran que el resto de los ayuntamientos de la región, cuyos vecinos también se benefician de la red de transporte público, no contribuyen a la financiación del servicio. "Esta actitud es preocupante, porque puede calar en los ciudadanos y degenerar en actitudes insolidarias", advirtió Angulo, quien se pregunta qué va a ocurrir entonces con la población flotante de Madrid -visitantes, hombres de negocios o estudiantes- a la hora de subvencionar sus títulos de transporte.

El gerente del consorcio opinó que el Ayuntamiento ha adoptado una postura "socialmente insolidaria". En su opinión, la política de subvenciones al transporte público favorece a las familias con menores recursos, precisamente las mismas que residen fuera de Madrid.

Angulo también acusa al equipo municipal del PP de distorsionar la actividad económica. "Los que viajan a la capital desde los municipios del área metropolitana vienen a trabajar, pero también a gastar dinero al hacer compras o disfrutar de su ocio". Angulo señala que el consorcio podría aceptar una reducción en la aportación municipal durante el próximo ejercicio si el Ayuntamiento suscribiese un compromiso de reponer en 1993 los 6.000 millones que faltan.