Los familiares de los 82 muertos en Alcalá 20 no han recibido ni un duro de indemnización

Un total de 78 personas murieron atrapadas en el incendio de la discoteca Alcalá 20, en Madrid, en la madrugada del 17 de diciembre de 1983, hace justamente ocho años. En los días sucesivos, la cifra de fallecidos llegó a 82. El fuego causó además 25 heridos que se salvaron de la muerte en medio de una densa humareda y a través de una encrucijada de escaleras, pasillos y salidas. Ocho años después, 29 personas siguen incapacitadas como consecuencia de aquel desastre. El juicio no se ha celebrado, y los afectados aspiran a ser indemnizados antes de que se dicte sentencia. Después de muchas ...

Un total de 78 personas murieron atrapadas en el incendio de la discoteca Alcalá 20, en Madrid, en la madrugada del 17 de diciembre de 1983, hace justamente ocho años. En los días sucesivos, la cifra de fallecidos llegó a 82. El fuego causó además 25 heridos que se salvaron de la muerte en medio de una densa humareda y a través de una encrucijada de escaleras, pasillos y salidas. Ocho años después, 29 personas siguen incapacitadas como consecuencia de aquel desastre. El juicio no se ha celebrado, y los afectados aspiran a ser indemnizados antes de que se dicte sentencia. Después de muchas peticiones no han recibido ni un duro de la Administración. Los familiares se concentrarán hoy en el lugar del suceso.La pelea de las familias va por dos vías, según el abogado de los parientes de 58 fallecidos, Antonio García-Pablos. Por un lado, el proceso legal, que decidirá si hubo imprudencia de los dueños de la discoteca y de la Administración (central y local). Por otro, su aspiración a ser indemnizados por los poderes públicos antes de que se celebre el juicio.

La sección sexta de la Audiencia de Madrid abrió juicio oral contra los procesados en el sumario en mayo de este año. Entre ellos Figuran, acusados de imprudencia temeraria, el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Horcajo, los cinco empresarios de la

discoteca, el arquitecto, el aparejador y el decorador del local -abierto tras ser reformado tres meses antes del incendio- y un funcionario del Ministerio del Interior. El Ayuntamiento no inspeccionó Alcalá 20 en el mes de octubre, y alegó después que "la puerta estaba cerrada".

Según García-Pablos, el 13 de enero termina el plazo para que presenten sus conclusiones provisionales el fiscal y los acusadores particulares.

Derechos

El camino legal, retrasado, en palabras de García-Pablos, "por todos los recursos presentados por los procesados a lo largo de estos años", sigue su camino. El problema de las indemnizaciones es más complejo. "Los familiares de las víctimas tienen el derecho a ser indemnizados por los poderes públicos, ya que la tragedia fue consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", señala García-Pablos.

Los poderes, en este caso, son el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior, que mantuvieron conversaciones con el abogado hace casi dos años para indemnizar a las víctimas antes del juicio. El secretarlo general técnico del Ministerio del Interior, Víctor Moreno, decía, el 28 de diciembre de 1989, tras la entrevista con García-Pablos, que se pediría con urgencia un dictamen preceptivo del Consejo de Estado para que pudieran resolverse las indemnizaciones en el plazo de un mes.

Dos años después nada está firmado. Un portavoz de Interior aseguró ayer que el dictamen del Consejo de Estado no se pidió nunca. "Cuando se empezó a estudiar se vio la complejidad jurídica del tema, del hecho de indemnizar a los afectados antes de que exista una sentencia firme", dijo este portavoz.

García-Pablos asegura que se ha dirigido hace unos días al ministro del Interior, José Luis Corcuera, para pedir que los afectados sean indemnizados a fecha de hoy, cuando se cumplen ocho años del incendio. En la carta enviada al ministro con fecha del 11 de diciembre, García-Pablos invoca los precedentes de los afectados de Ortuella y el incendio de Almacenes Arias, "que percibieron indemnizaciones sin llegar a sentencia". En Ortuella (Vizcaya), una explosión de gas propano ocurrida en la escuela del pueblo mató a 48 niños de entre cinco y 10 años. Otras 45 personas resultaron heridas. García-Pablos explica que ha llegado a un acuerdo verbal con el abogado del Estado por el que se indemnizaría a las víctimas con 13,5 millones de pesetas.