CC OO denuncia a un inspector por esposar 36 horas a dos presos
La Sección Estatal de Comisiones Obreras (CC OO) de Prisiones ha presentado una denuncia por los presuntos delitos de "rigor innecesario y prevaricación" contra Gerardo Mínguez Prieto, jefe de los servicios de inspección de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, al que acusa, entre otras cosas, de mantener esposados en sus celdas durante 36 a dos internos de la prisión de Madrid II, también conocida como Alcalá-Meco.Según la denuncia de CC OO, uno de los internos, José Valiente Díaz, estuvo inmovilizado, "pese a que se encontraba enfermo y se le estaba administrando suero".
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La Sección Estatal de Comisiones Obreras (CC OO) de Prisiones ha presentado una denuncia por los presuntos delitos de "rigor innecesario y prevaricación" contra Gerardo Mínguez Prieto, jefe de los servicios de inspección de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, al que acusa, entre otras cosas, de mantener esposados en sus celdas durante 36 a dos internos de la prisión de Madrid II, también conocida como Alcalá-Meco.Según la denuncia de CC OO, uno de los internos, José Valiente Díaz, estuvo inmovilizado, "pese a que se encontraba enfermo y se le estaba administrando suero".
El hecho origen de la demanda (que ha provocado la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número dos de Alcalá de Henares, según CC OO) se produjo el pasado 20 de marzo de 1991.
Ese día, el inspector jefe Gerardo Mínguez "ordenó por teléfono" a su subordinado Joaquín Rodríguez Suárez que diese orden de esposar a los internos José Valiente Díaz y David Martínez, según consta en la denuncia.
Rodríguez Suárez, quien se encontraba ese día casualmente en Alcalá-Meco recabando información reservada sobre otro suceso distinto, cumplió tales órdenes y, disconforme con ellas, presentó su dimisión.
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Instituciones Penitenciarias asegura que inmovilizó a los presos lo "imprescindible"
Viene de la página 1Ángeles Granados, directora general de Instituciones Penitenciarias, señaló ayer que la actuación se ajustó a la legalidad y que sólo se inmovilizó a los internos "durante el tiempo imprescindible" para evitar que destrozasen las celdas. Asimismo, reveló que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid tuvo conocimiento en todo momento de la medida aplicada a ambos internos.
CC OO indica no obstante que la inmovilización de estos internos, que habían sido trasladados a Alcalá-Meco después de protagonizar un motín en la prisión de Herrera de la Mancha, "fue totalmente inncesaria", y más aún en el caso de José Valiente Díaz, quien ingresó en la enfermería de Alcalá-Meco "con una fractura del tabique nasal y con heridas en la cabeza", según se desprende del parte de incidencias redactado ese día.
Este parte confirma que ambos internos estuvieron esposados 36 horas. CC OO reclama en su denuncia que compruebe si "la inmovilización" del interno José Valiente "contó con la preceptiva autorización médica".
Ambos reclusos habían llegado apenas unas horas antes a Alcalá-Meco procedentes de la prisión de Herrera de la Mancha y quedaron ingresados en la enfermería del centro, en donde protagonizaron varios incidentes.
"Esposar durante 36 horas a un interno, que además de no haber hecho apenas nada y que estaba enfermo y con suero, es aplicar un rigor innecesario. Como mucho, cabe esposarlo tres o cuatro horas", afirma un portavoz de CC OO.
Según este sindicato, Rodríguez Suárez no puso ninguna objeción para esposar al interno David Martínez tras comprobar que había roto el grifo del lavabo y el colchón de su celda. Sí se opuso, en cambio, a hacer lo mismo con José Valiente.
Rodríguez Suárez argumentó a su superior, sin éxito, que no cabía aplicarle la inmovilización mecánica al interno Valiente, ya que, según dijo, "su comportamiento era normal y no había provocado ningún destrozo en su celda". Gerardo Mínguez, sin embargo, rechazó "enojadísimo tales argumentos y le ordenó que procediera de inmediato a esposarlo", asevera Comisiones Obreras.
Según CC OO, el Juzgado de instrucción número dos de Alcalá de Henares ha decidido abrir diligencias al respecto tras haberse inhibido de este asunto la juez María del Prado Torrecilla, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de los de Madrid.