El Congreso apoya, con los votos de PSOE y PP, la continuidad de la 'miIi' reducida a nueve meses

El pacto entre el PSOE y el Partido Popular permitió que el 85% de los diputados presentes ayer en el Pleno del Congreso, 206 sobre 240, aprobaran la continuidad del servicio militar obligatorio, reducido de 12 a nueve meses y mejorado en las condiciones de prestación. El Grupo Socialista y el Popular fueron los únicos que respaldaron el dictamen sobre Fuerzas Armadas y Servicio Militar, que prevé contar a finales de siglo con 170.000 a 190.000 militares (actualmente son 268.000), la mitad profesionales, y aumentar los gastos militares hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1...

El pacto entre el PSOE y el Partido Popular permitió que el 85% de los diputados presentes ayer en el Pleno del Congreso, 206 sobre 240, aprobaran la continuidad del servicio militar obligatorio, reducido de 12 a nueve meses y mejorado en las condiciones de prestación. El Grupo Socialista y el Popular fueron los únicos que respaldaron el dictamen sobre Fuerzas Armadas y Servicio Militar, que prevé contar a finales de siglo con 170.000 a 190.000 militares (actualmente son 268.000), la mitad profesionales, y aumentar los gastos militares hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,6% de ahora.

Aunque el Grupo Catalán se abstuvo y el PNV, CDS, Izquierda Unida y Grupo Mixto vota ron en contra, el ministro de Defensa, Julián García Vargas, se mostró satisfecho con el resulta do, al. término del debate. Tanto nacionalistas como centristas, a los que el PSOE ad mitió algunas enmiendas tran saccionales, referidas a la mejora de las condiciones de cumplimiento del servicio militar, se manifestaron conformes con as pectos concretos del documento consensuado con el PP, aunque defendieron la supresión de la mili y el paso a un ejército profe sional, criticando el tratamiento a los objetores de conciencia.

Estos acuerdos puntuales sir vieron a García Vargas para afir mar, en alusión a Izquierda Unida, excluida de cualquier arreglo, que el debate había servido para demostrar "quiénes tienen vocación de hacer política de Estado y quiénes tienen vocación de ha cer política testimonial".

El titular de Defensa, que rea lizó tina intervención imprevista tras las votaciones, expresó su confianza en que el pleno de ayer cerrara la polémica sobre el Ejército profesional, ya que "no es razonable mantener permanen temente abierto un debate sobre las Fuerzas Armadas".

Sus esperanzas se vieron de fraudadas, ya que el portavoz del CDS, José Ramón Caso, que realizó un discurso muy crítico con la política del Gobierno, anunció la presentación de una proposición no de ley para que el Congreso debata tras el verano la convocatoria de un referén dum sobre el servicio militar. El portavoz de Izquierda Unida, Antonio Romero, reclamó de in mediato la paternidad de esta medida, que no figuraba en el programa electoral del CDS.50% de profesionalesLa otra sorpresa del debate la protagonizó el portavoz socialista, Pedro Moya, quien anunció sobre la marcha la introducción en el dictamen del compromiso de incrementar el número de soldados voluntarios, hasta situar la "tasa de profesionales de las Fuerzas Armadas en torno al 50% de los efectivos totales", frente al 27% actual. Previamente, el PSOE había admitido, a propuesta del PP, fijar entre 170.000 y 190.000 el número de efectivos totales de las Fuerzas Armadas a finales de siglo.

De la combinación de ambos compromisos se deduce que habrá que incrementar hasta unos 40.000 los 22.500 soldados y ma rineros profesionales que hay en la actualidad. Ello sería suficiente para llegar al 50% de profesionales, pues la caída del índice de lanatalidad y el acortamiento de la mili a nueve meses reducirán de 190.000 a alrededor de 100.000 el número de reclutas de reemplazo, mientras que no está previsto que cambie sustancial mente la cifra de oficiales y suboficiales, 56.000, aunque sí la proporción entre ambos.En aras a lograr el pacto con el PP, los socialistas aceptaron incluir en el documento final un encendido elogio del papel de la Alianza Atlántica y eliminar la única alusión al Programa de Paz y Seguridad del Gobierno, el célebre decálogo de 1984, que propició la celebración del referéndum sobre la OTAN.El portavoz del Grupo Popular, Javier Rupérez, quien retiró su voto particular al documento después de que el PSOE presentara las enmiendas, se felicitó por el acuerdo e indicó que se trataba del "primer pacto de Estado que se produce en España en materia de política de seguridad y defensa". Antonio Romero, de IU, le felicitó también porque, en su opinión, "el Partido Popular se ha llevado al huerto al PSOE y el resultado ha sido nueve meses de servicio militar".

Más gastos militares

Iñaki Anasagasti, del PNV, se refirió al problema de los insumisos, "uno de los más graves que tiene planteados el Gobierno", según sus palabras. También lo hizo Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna, quien calificó de "legítima" la actitud de quienes se niegan a realizar la mili y la prestación sustitutoria, que en adelante serán juzgados por tribunales civiles y no militares.José Ramón Caso, que sorprendió al auditorio citando a Engels, aunque también a Castelar, se mostró especialmente "decepcionado" por la decisión de incrementar los gastos militares hasta el 2% del PIB -en realidad, el 2,15 en parámetros de la OTAN-, ya que ello "va contracorriente de lo que,sucede en todo el mundo".

El ministro García Vargas admitió posteriormente que es una "aparente paradoja" reducir los efectivos de las Fuerzas Armadas e incrementar su coste, pero señaló que ésta es la única forma de mejorar su equipamiento y de ofrecer incentivos a los futuros soldados profesionales. Salvador Carreras, del Grupo Catalán, calificó de "mal servicio a la sociedad y a los propios profesionales" del Ejército, el mantenimiento del reclutamiento forzoso, pero insistió más en la mejora de la vida de los soldados.

Las dos posturas enfrentadas en el debate quedaron patentes en la última intervención de Antonio Romero, quien dijo que "aunque la mili se vista de seda, mili se queda", y en la del socialista Pedro Moya, quien se opuso a "dar un salto en el vacio".

En declaraciones a la prensa, García Vargas confirmó que la mifi de nueve meses se aplicará desde el 1 de enero de 1992 y que se están estudiando "soluciones transitorias" para los últimos llamamientos de este año (ver EL PAÍS de ayer). Por otra parte, las Juventudes Socialistas han remitido al Ministerio de Defensa un informe en el que piden la reducción del servicio militar a seis meses y el reconocimiento de la objeción sobrevenida, tras la incorporación a filas, informa Europa Press.