Alcaldías sólo para indígenas

"Creo que el miedo de los socialistas a perder es la razón por la que no nos dejan votar en las elecciones municipales". Así de seguro se muestra Hermann Hilgeman, holandés, 69 años, jubilado, que reside en La Nucía (Alicante), un municipio cercano a Benidorm en el que viven más extranjeros que índigenas. Y no se trata sólo de las alcaldías, sino de su repercusión en la Diputación Provincial. En el censo municipal sólo están registrados unos 4.000 extranjeros. La cifra real se estima en más de 10.000.

A 31 de diciembre de 1990, había 407.647 con residencia en España. Sólo los 17.033 hol...

"Creo que el miedo de los socialistas a perder es la razón por la que no nos dejan votar en las elecciones municipales". Así de seguro se muestra Hermann Hilgeman, holandés, 69 años, jubilado, que reside en La Nucía (Alicante), un municipio cercano a Benidorm en el que viven más extranjeros que índigenas. Y no se trata sólo de las alcaldías, sino de su repercusión en la Diputación Provincial. En el censo municipal sólo están registrados unos 4.000 extranjeros. La cifra real se estima en más de 10.000.

A 31 de diciembre de 1990, había 407.647 con residencia en España. Sólo los 17.033 holandeses y los 6.176 daneses, gracias a los tratados firmados por España con ambos países, tienen derecho al voto en las elecciones municipales. Pero no lo podrán ejercer el próximo 26 de mayo, al prohibírselo la nueva Ley Electoral.El Gobierno español ha alegado cuestiones técnicas y falta de tiempo para incluirles en el censo. El convenio firmado con Holanda entró en vigor en agosto de 1990 y el de Dinamarca el pasado mes de noviembre. Los españoles sí pueden votar en esos dos países. Otros dos tratados, con Suecia y con Noruega, han sido aprobados por las Cortes hace meses, pero aún no han aparecido en el Boletín Oficial del Estado.

Hans Bennewitz, de 67 años, presidente de la Asociación de Propietarios de Panorama de La Nucía, una urbanización con 640 viviendas, dejó Alemania tras jubilarse y reside con su esposa en esta localidad alicantina. Una de sus ilusiones era votar en este municipio en los próximos comicios para defender sus intereses como propietario. Bennewitz asegura que si los extranjeros pudiesen votar, lo harían al PP.

La Nucía, localidad situada en el interior, a siete kilómetros de la playa de Benidorm, tiene una curiosa disposición. Mientras su núcleo urbano conserva la tradicional trama de los pueblos valencianos, los extranjeros residentes se reparten en las 65 urbanizaciones del término municipal. En la provincia de Alicante, La Nucía no es un caso aislado. A tres kilómetros se encuentra Alfàs del Pí, donde conviven cerca de 20.000 extranjeros (sólo censados unos 8.500) de 53 nacionalidades distintas.

En el resto de las localidades costeras el número de extranjeros no supera la población española, pero supone casi la mitad del total, como ocurre en Jávea, Denia y Calpe. Se trata de una invasión pacífica, fundamentalmente de jubilados del centro y norte de Europa que en los últimos 25 años han fijado su residencia en Alicante atraídos por el clima.

En los dos últimos meses, los residentes holandeses y daneses se han movilizado tras conocer que no podrán votar hasta las elecciones municipales de 1995.

"Esta decisión es muy sospechosa y creo que algunos partidos no quieren que votemos, porque tienen miedo y ponen como excusa una dificultad administrativa que no podemos aceptar", afirma Kees Romeijn, presidente de la Jávea International Civic Society, que agrupa a más de mil residentes. Desde la asociación se han dirigido a su Embajada en España, al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo, al considerar que la medida es inconstitucional.

Su inicial indignación y la sorpresa que causó en los respectivos consulados en Alicante, que tienen censados a más de 4.000 holandeses y a un millar de daneses, se acrecentó con la respuesta, oficial dada por la Embajada de los Países Bajos, que aceptaba sin cuestionar la decisión adoptada por el Gobierno español.

Alicante es la cuarta provincia española en residentes extranjeros. A finales de 1988 se acercaban a las 50.000 personas. El 88% eran europeas. El Gobierno español irá firmando convenios bilaterales con los países de la CE para reconocer los derechos de estos ciudadanos, según el proyecto de estatuto de ciudadanía europea aprobado por la Comisión Europea el pasado febrero.