Miseria moral

LA DOLOROSA coincidencia en el tiempo de tres asesinatos, cuyas víctimas han sido otras tantas niñas de Plasencia, Huelva y Burgos, ha provocado una lógica reacción inicial de temor de muchos padres. Un miedo que, inevitablemente cultivado por los comentarios, alimentó la tétrica sospecha de que los infanticidios podrían multiplicarse. Estos crueles asesinatos han tenido tres lamentables consecuencias. Y la mayor, el dolor irreparable de quienes se han reencontrado con su pequeño ser querido, ya cadáver, al borde de un río. Por otra parte, la angustia de que esos sucesos puedan repetirse ha in...

LA DOLOROSA coincidencia en el tiempo de tres asesinatos, cuyas víctimas han sido otras tantas niñas de Plasencia, Huelva y Burgos, ha provocado una lógica reacción inicial de temor de muchos padres. Un miedo que, inevitablemente cultivado por los comentarios, alimentó la tétrica sospecha de que los infanticidios podrían multiplicarse. Estos crueles asesinatos han tenido tres lamentables consecuencias. Y la mayor, el dolor irreparable de quienes se han reencontrado con su pequeño ser querido, ya cadáver, al borde de un río. Por otra parte, la angustia de que esos sucesos puedan repetirse ha inducido a muchos padres a incrementar la vigilancia sobre sus hijos menores, enrareciendo de esta manera su vida cotidiana por las cautelas que impone un peligro intangible.Finalmente, este clima ha desembocado, en Huelva, en el intento de linchamiento del presunto asesino de la niña Ana María. La comprensión por la rabia que se siente ante sucesos como los relatados no puede disculpar, sin embargo, el que nadie intente anticiparse a la justicia. En la mente de muchos de los que estuvieron la madrugada del martes ante el Palacio de Justicia de Huelva, intentando llegar al acusado para matarlo, suponemos estaba la convicción personal de que la justicia es demasiado estricta para unos y demasiado blanda para otros, cuando no ineficaz. En estos casos se advierte nuevamente la necesidad de que los mecanismos judiciales sean siempre ágiles y rigurosos. Una justicia modélica sería el mejor argumento ante quienes nunca podrán alegar -más allá del cegamiento solidario ante el dolor- que en este país pueda valer algún día la ley de talión. El atentado social, que es un delito y más en este caso, hace que sea la sociedad a través de los tribunales la única legitimada para responder a él. La pérdida de una vida jamás se repara con la ejecución o linchamiento del culpable. La sociedad, a través de la ley, ya tiene puesto un alto precio a estas barbaridades, y a él hay que atenerse si los ciudadanos no quieren verse parangonados con la miseria moral de los asesinos.