Querella contra cinco juristas por supuestos favores a 'narcos'
Miembros de varias coordinadoras de barrio y asociaciones de lucha contra la droga de Cartagena, Madrid y Murcia han presentado una querella contra el presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, dos magistrados y un fiscal jefe jubilados y un abogado en ejercicio por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de documento público. Los querellantes opinan que todos ellos han favorecido a narcotraficantes.
Los demandantes solicitan a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que dictamine el ingreso en prisión e incomuni...
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Miembros de varias coordinadoras de barrio y asociaciones de lucha contra la droga de Cartagena, Madrid y Murcia han presentado una querella contra el presidente de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, dos magistrados y un fiscal jefe jubilados y un abogado en ejercicio por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsificación de documento público. Los querellantes opinan que todos ellos han favorecido a narcotraficantes.
Los demandantes solicitan a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que dictamine el ingreso en prisión e incomunicación de los querellados. La demanda de la acción popular, que ejercen 118 integrantes del centro de desintoxicación de toxicómanos La Huertecica de Cartagena, Asociación de Padres y Madres Contra la Droga y la Coordinadora de Barrios, Menores y Jóvenes de Madrid, plantea ante juicio al magistrado José Antonio de Pascual y los magistrados ya jubilados Evaristo Casado y Luis Vallés y querella criminal contra el ex fiscal jefe de Murcia, Augusto Morales, y el abogado Francisco Valdés.En la demanda se asegura que los querellados formaban y forman un grupo que favorece principalmente las actividades de organizaciones del narcotráfico, aunque también de otros delincuentes.
Los demandantes detallan varios procesos judiciales en los que los detenidos, defendidos por el abogado Valdés, conseguían la libertad bajo fianzas extrañamente bajas", calificaciones del fiscal Morales que modificaban otras anteriores y más duras para narcotraficantes que eran finalmente juzgados por los magistrados Casado, De Pascual y Valdés. Según el abogado de los querellantes, Juan Manuel Olarieta. el Fin que perseguía el grupo era el económico.
En la demanda se asegura que el magistrado De Pascual tiene deudas con entidades bancarias por valor de 80 millones de pesetas y aportan datos de movimientos económicos inusuales con sus ingresos.