La Administración busca a 150.000 beneficiarios de las pensiones no contributivas
La Administración busca a 150.000 mayores de 65 años para comunicarles que tienen derecho a una pensión asistencial. Para ello ha destinado 400 millones de pesetas a una campaña informativa y ha dispuesto 700 puntos de información repartidos por toda España. La Ley de Pensiones No Contributivas ha extendido el derecho de protección a todas la personas mayores de 65 años que han residido en España por lo menos 10 años, que cuentan con unos ingresos anuales inferiores a 364.000 pesetas, que nunca han cotizado a la Seguridad Social o que no han pagado los años suficientes.
La Ley de Pensio...
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La Administración busca a 150.000 mayores de 65 años para comunicarles que tienen derecho a una pensión asistencial. Para ello ha destinado 400 millones de pesetas a una campaña informativa y ha dispuesto 700 puntos de información repartidos por toda España. La Ley de Pensiones No Contributivas ha extendido el derecho de protección a todas la personas mayores de 65 años que han residido en España por lo menos 10 años, que cuentan con unos ingresos anuales inferiores a 364.000 pesetas, que nunca han cotizado a la Seguridad Social o que no han pagado los años suficientes.
La Ley de Pensiones No Contributivas de la Seguridad Social que entró en vigor el pasado mes de enero, permite disponer de una pensión o mejorar la que ya tienen a más de 710.000 personas. Las comunidades autónomas con más ciudadanos afectados por esta norma son Andalucía, con un 23% ; Cataluña, con un 11%, y Galicia, con un 9%.De los 710.000 ciudadanos más de medio millón están localizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque reciben el subsidio del Fondo de Acción Social (FAS) o la ayuda que concede la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI). La Seguridad Social cuenta con los datos de estas personas, por lo que les va a enviar una carta explicando que tienen derecho a una pensión, superior a la ayuda que reciben en la actualidad, y un impreso para solicitarla si lo desean.
El resto lo íntegra un colectivo, formado por unas 150.000 ciudadanos, al que la Administración tiene identificado como tal grupo, pero no a las personas concretas que lo componen. El único dato del que se dispone por los organismos oficiales, y con el que han llegado a la cifra global, es que se trata de personas, en su mayoría mujeres, que en su día solicitaron las antiguas ayudas de beneficencia y que se les denegó porque, en teoría, tienen algún familiar directo obligado a darles la "ayuda de alimentos", como establece el Código Civil.Con esta nueva ley, tenga o no tenga un familiar que le alimente, está en su derecho de recibir 12 pagas mensuales de 26.000 pesetas, más dos pagas extraordinarias de igual importe, aunque nunca haya cotizado a la Seguridad Social o no haya pagado los años suficientes para tener derecho a una pensión contributiva.Dignidad
"Este derecho dignifica al anciano, porque no recibe nada gratuitamente", dice Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, el cual explica que, además de la pensión, podrán disfrutar de la cartilla de . la Seguridad Social, de las ayudas médico-farmaceúticas y de todos los servicios sociales que existen en la actualidad, como son el turismo social, los hogares y clubes, las residencias para la tercera edad o los balnearios. El beneficiaro podrá cobrar su pensión directamente en una entidad financiera -banco o caja de ahorros-, personalmente en las oficinas de la Administración y en las cajas de las tesorerías territoriales de la Seguridad Social.El objetivo de esta ley es constituir una tupida red social de la que no quede excluida ninguna persona mayor de 65 años. "Hemos creado un derecho subjetivo para sacar de la marginación a los ancianos", dice Adolfo Jiménez.
Para que los beneficiarios puedan informarse y hacer las gestiones de la manera más simplificada posible, la Administración ha elaborado una campaña informativa a la que ha destinado 400 millones de pesetas. Este presupuesto incluye desde la publicidad en medios de comunicación nacionales y autonómicos, hasta los 700 puntos de información repartidos por toda España, en los que trabajan 7.000 personas. En 15 días ya han solicitado información 75.000 ciudadanos, 45.000 de los cuales lo hicieron durante las dos primeras jornadas.
Para que nadie se quede sin información, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confía en la información boca a boca, además de la red de oficinas a nivel estatal, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. "Hay que forzar la solidaridad del conjunto de los ciudadanos", explica Adolfo Jiménez, secretario general de la Seguridad Social, y añade que "un anciano, por poco que posea, siempre tiene alguien que le conoce, y esta persona se lo tramitará".