El catastro penaliza a más de dos millones de viviendas protegidas

Más de dos millones de titulares de viviendas de protección oficial se encuentran con que sus pisos tienen dos precios oficiales: por un lado, el que fija Obras Públicas, en función de determinados módulos, y por otro, el que ha establecido el catastro, muy superior al otro. De esta forma se enfrentan a una contradicción jurídica: tienen que hacer frente a unas obligaciones fiscales superiores al precio que podrían obtener en caso de vender su vivienda. Esto hace prever una avalancha de reclamaciones en Hacienda.

Para frenar el impacto negativo que han tenido las nuevas valoraciones cat...

Más de dos millones de titulares de viviendas de protección oficial se encuentran con que sus pisos tienen dos precios oficiales: por un lado, el que fija Obras Públicas, en función de determinados módulos, y por otro, el que ha establecido el catastro, muy superior al otro. De esta forma se enfrentan a una contradicción jurídica: tienen que hacer frente a unas obligaciones fiscales superiores al precio que podrían obtener en caso de vender su vivienda. Esto hace prever una avalancha de reclamaciones en Hacienda.

Para frenar el impacto negativo que han tenido las nuevas valoraciones catastrales, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, anunció ayer en el Senado que "el Gobierno tomara las medidas oportunas para que la revisión catastral no suponga ningún aumento de la presión fiscal ni en el impuesto sobre la renta ni en el del patrimonio". Borrell dijo que Hacienda "no quiere recaudar más, sino distribuir mejor".El número exacto de las viviendas de protección oficial es difícil de deteri-ninar por la multiplicidad de sus regimenes jurídicos: casas baratas renta limitada, viviendas protegidas, viviendas de protección oficial, hasta un total de 20 normativas distintas. No obstante, informes oficiales indican que desde 1963 se han construido Linos 3,5 millones de viviendas protegidas.

Los nuevos valores catastrales de las viviendas de protección oficial se han establecido sin tener en cuenta que éstas están sujetas a medidas correctoras que pueden disminuir sustancialmente su precio legal. Hacienda ha previsto esta posibilidad, pero exige una reclamación específica. El Centro de Gestión Catastral no tenía medios para conocer si una vivienda era o no protegida, y, por tanto, desconocía su valor máximo de venta, según un portavoz. La Comunidad de Madrid, que debe expedir las certificaciones necesarias para los recursos, se ha visto desbordada por la avalancha de peticiones.

En Barcelona, la Generalitat ha recibido numerosas reclamaciones solicitando información.

Página 51 y Madrid / 1