Varios millones de viviendas protegidas pueden perder sus ventajas fiscales por el nuevo catastro

Los titulares de viviendas protegidas (VPO) temen perder sus ventajas fiscales con la actual revisión catastral. En las principales ciudades españolas, numerosos propietarios se han dirigido a la Administración para conocer cuál será su nueva situación fiscal. La principal confusión deriva de la existencia de dos valores oficiales de las VPO: el administrativo, que se fija cada año, y el nuevo valor catastral. El secretario de Estado de Hacienda, mientras, dice que "ésta es la primera vez que se ha tenido en cuenta a las VPO para fijar un valor catastral más bajo". Además, añadió, "la revisión...

Los titulares de viviendas protegidas (VPO) temen perder sus ventajas fiscales con la actual revisión catastral. En las principales ciudades españolas, numerosos propietarios se han dirigido a la Administración para conocer cuál será su nueva situación fiscal. La principal confusión deriva de la existencia de dos valores oficiales de las VPO: el administrativo, que se fija cada año, y el nuevo valor catastral. El secretario de Estado de Hacienda, mientras, dice que "ésta es la primera vez que se ha tenido en cuenta a las VPO para fijar un valor catastral más bajo". Además, añadió, "la revisión catastral no intenta elevar la presión fiscal, sino sólo distribuirla de acuerdo a la riqueza de cada ciudadano". Por ello, "el Gobierno tomará todas las medidas para que la revisión catastral no suponga un aumento de la presión fiscal en renta".

El número exacto de este tipo de viviendas es difícil de determinar por la multiplicidad de su régimen jurídico (casas baratas, renta limitada, viviendas protegidas, viviendas de protección oficial, hasta un total de 20 normativas distintas). Desde 1963 se han construido en España unos 3,5 millones de viviendas protegidas. Durante el periodo comprendido entre 1971 y 1988 se terminaron 2.006.000 VPO, de las cuales 1,6 millones eran de promoción privada y 359.900 de promoción pública, según los datos del anuario estadístico.Los nuevos valores catastrales de las viviendas protegidas se han establecido sin tener en cuenta, a efectos de notificación, que éstas están sujetas a medidas correctoras que pueden disminuir sustancialmente la cantidad comunicada. El Ministerio de Hacienda ha previsto -por primera vez- dos coeficientes correctores para calcular un valor catastral inferior al de mercado. El problema es que esta posibilidad está condicionada a la presentación de la documentación preceptiva por parte de los afectados.

Falta de medios

El Centro de Gestión Catastral, cuyo director general es Javier Russines, no tiene medios para conocer si una vivienda es o no protegida y por lo tanto su valor máximo de venta, señaló ayer la subdirectora del Catastro. Con todo, y según aseguró el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, "el objetivo de introducir estos coeficientes es reducir en lugar de aumentar el valor catastral", pero antes hace falta que los propietarios entreguen la documentación con el valor administrativo de su vivienda.

El coeficiente corrector para las VPO (denominado factor O) se obtiene de la división entre el precio máximo de venta y la suma de los valores del suelo y la construcción. Según un portavoz del Centro de Gestión Catastral, su aplicación podría suponer una reducción del valor catastral notificado de alrededor del 30%. El coeficiente para las viviendas arrendadas con renta antigua es el 49% del valor catastral que se fijaría si no estuviera arrendada en este régimen; éste último se denomina factor M.

La Comunidad de Madrid, que debe expedir las certificaciones necesarias para los recursos, se ha visto desbordada por la avalancha de peticiones. En Barcelona, fuentes de la Generalitat han señalado que han recibido numerosas reclamaciones solicitando información sobre la situación creada.

Borrell animó ayer a "que recurran todos los que se consideren perjudicados, pero que antes verifiquen si realmente la revisión les perjudica". Durante su intervención en la comisión de Presupuestos del Senado, el responsable de Hacienda aseguró que "el objetivo de la revisión catastral no es aumentar la presión fiscal, o recaudar más, sino recaudar lo mismo pero con mayor justicia".

Con esta idea, Borrell insistió en que el aumento de los valores catastrales no significa que vaya a aumentar la factura a pagar a Hacienda. "El impuesto es el resultado de multiplicar la base por el tipo, y vamos a reducir el tipo tanto como por término medio aumente la base". Esto significa, según explicó posteriormente, que el decreto que prorrogará la actual ley del IRPF reducirá la renta imputada a los propietarios desde el 2% actual hasta un porcentaje inferior al 0,75% que se había pensado para la. reforma del IRPF. "Pensarnos en el 0,75% porque, con las primeras estimaciones, preveíamos un aumento global de los valores catastrales de 2,7 veces". En los próximos días, y cuando la estimación global de cuánto aumentará el valor catastral de las viviendas, se anunciará cuál va a ser el nuevo porcentaje.

Borrell destacó que "aunque por término medio no pretendemos recaudar más en renta y patrimonio, sí es cierto que algunos pagarán más a cambio de que otros paguen menos". A este efecto se sumará, aseguró, "el que decidan los Ayuntamientos", pues de ellos depende la fijación del tipo para el impuesto sobre bienes inmuebles, la antigua contribución urbana. Borrell calificó de "oportunismo político" las declaraciones que comparan el catastro con la poll tax británica, en referencia a José María Aznar. Idéntica opinión le merecieron las declaraciones del alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, que ha animado a recurrir a los ciudadanos "pero podía bajar el tipo impositivo hasta el 1% y lo ha dejado en el 1,8%".