Un juez paraliza Centro de Empresas por invadir terrenos privados
Las obras de construcción del Centro de Empresas del municipio de San Sebastián de los Reyes han sido paralizadas por orden del Juzgado de Instrucción de Alcobendas, donde la empresa Matapiñoneras, SA, ha presentado un interdicto de obra nueva al Ayuntamiento por haber invadido parcelas de su propiedad y no guardar retranqueos.
El Centro de Empresas, financiado por la Comunidad y la delegación de Industria y Empleo del Ayuntamiento con una inversión de más de 250 millones de pesetas, trata de dar cabida a 50 nuevas sociedades y crear alrededor de 300 puestos de trabajo.
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Las obras de construcción del Centro de Empresas del municipio de San Sebastián de los Reyes han sido paralizadas por orden del Juzgado de Instrucción de Alcobendas, donde la empresa Matapiñoneras, SA, ha presentado un interdicto de obra nueva al Ayuntamiento por haber invadido parcelas de su propiedad y no guardar retranqueos.
El Centro de Empresas, financiado por la Comunidad y la delegación de Industria y Empleo del Ayuntamiento con una inversión de más de 250 millones de pesetas, trata de dar cabida a 50 nuevas sociedades y crear alrededor de 300 puestos de trabajo.
Las obras de construcción del centro se iniciaron sin acta de retranqueo, invadiendo la parcela propiedad de Matapiñoneras, SA, en el polígono industrial Sur, unidad de gestión Q, según contempla la reparcelación en el plan general, con el visto bueno del director de óbra y el aparejador municipal, según recoge el interdicto.
Según fuentes municipales, los técnicos conocían la invasión de terrenos privados, pero se llegó a un acuerdo verbal con el propietario, que ahora se desdice del compromiso. El concejal del grupo mixto José Pablo Sanz señaló que el "grave" incumplimiento de las normas obligatorias se debe "a la prepotencia y falta de organización del equipo de gobierno". El edil ha pedido una comisión para alcarar los hechos y derivar responsabilidades contra José Luis Guindo, delegado de Industria y Empleo, que tenía todas las competencias sobre este proyecto por decreto de la alcaldía. La comisión ha sido apoyada por todos los grupos políticos municipales.
Según Sanz, este error obligará al Ayuntamiento a pagar indemnizaciones.