El profesor Sagardoy dice que el control de los contratos amenaza la libertad de empresa

"El fantasma de la burocratización", la posible violación del derecho a la intimidad de los trabajadores, la presunta amenaza sobre la libertad de empresa y la falta de concreción sobre el contenido de la ley que podría derivar en actuaciones inconstitucionales por parte de los representantes sindicales, son los principales problemas que el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Alfredo Montoya Mélgar, denuncia en el informe del proyecto de ley sobre el control de los contratos que ha realizado junto con su homólogo Juan Antonio Sagardoy y que fue presentado ayer...

"El fantasma de la burocratización", la posible violación del derecho a la intimidad de los trabajadores, la presunta amenaza sobre la libertad de empresa y la falta de concreción sobre el contenido de la ley que podría derivar en actuaciones inconstitucionales por parte de los representantes sindicales, son los principales problemas que el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Alfredo Montoya Mélgar, denuncia en el informe del proyecto de ley sobre el control de los contratos que ha realizado junto con su homólogo Juan Antonio Sagardoy y que fue presentado ayer en Madrid por el Instituto de Estudios Económicos.

Según los catedráticos, el proyecto no específica cuáles son los contratos objeto de control ni si las modificaciones que se realicen en los mismos han de ser remitidas también a los sindicatos, lo que provocaría un indeseable tráfico de copias de contratos y burocratización y una pérdida de agilidad en la empresa que le podría restar competitividad.

El contenido de la "copia básica" -en la que se incluyen sólo factores "fundamentales"- está falto de "precisión jurídica", afirmó Montoya. El proyecto no acomete la posible intromisión en la intimidad del trabajador, ya que sólo propone no revelar el número del DNI, el domicilio y el estado civil, pero revela datos que "entran en la esfera privada del trabajador, como son las mejoras salariales". Los autores consideran que hubiera sido mejor exigir "el consentimiento expreso del trabajador". La obligación de dar información sobre las previsiones de contratación y subcontratación puede "comprometer los intereses de la empresa, al poner al descubierto estrategias sobre planificación".