El Gobierno prevé castigar con multas el consumo de drogas en público

Enrique Múgica, que asiste en Buenos Aires a la octava Conferencia de ministros de Justicia de España, Portugal y Latinoamérica sobre narcotráfico, manifestó ayer a un grupo de periodistas españoles que el Gobierno español está estudiando la posibilidad de declarar ilícito, en términos administrativos, el consumo de. droga, cuando se realice en público y con ostentación. El ministro matizó que las sanciones podrían consistir en una multa o en la retirada del carné de conducir, lo cual se ajustaría al tratamiento dado a este problema por la Comunidad Europea, según su versión.Múgica comentó que...

Enrique Múgica, que asiste en Buenos Aires a la octava Conferencia de ministros de Justicia de España, Portugal y Latinoamérica sobre narcotráfico, manifestó ayer a un grupo de periodistas españoles que el Gobierno español está estudiando la posibilidad de declarar ilícito, en términos administrativos, el consumo de. droga, cuando se realice en público y con ostentación. El ministro matizó que las sanciones podrían consistir en una multa o en la retirada del carné de conducir, lo cual se ajustaría al tratamiento dado a este problema por la Comunidad Europea, según su versión.Múgica comentó que su actitud en la Conferencia de ministros de Justicia ha sido la de acentuar la responsabilidad de todos los implicados en la cadena de producción, tráfico y consumo de drogas, para "superar la dialéctica empozoñada de echarnos la culpa unos a otros", según sus palabras. Los asistentes a la reunión acordaron crear un registro central de condenados por delitos de narcotráfico en cualquiera de los países iberoamericanos. Este registro, que deberá ser informatizado, tendrá su sede en Madrid y suministrará informaciones a los países que deseen consultar los antecedentes de las condenas de los narcotraficantes.

Diferente tratamiento

En el curso de una conversación con periodistas españoles en la embajada de España en Buenos Aires, lamentó en términos críticos el diferente tratamiento penal del narcotráfico en cada país. A este respecto recordó que mientras en Colombia la pena máxima es de 10 años de cárcel, en España la condena puede elevarse a 23 años y cuatro meses.

Múgica manifestó a este diario en relación con la política de su Departamento de dispersar en diversas cárceles a los presos de ETA que, "por supuesto, se mantendrá. No hay razones, al contrario", agregó, "para que esta redistribución de los presos de ETA en diferentes centros penitenciarios cambie. Ahora, tenemos que decir que más de las dos terceras partes de los internos de ETA están más cerca de sus casas que antes de la distribución".

Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza la alimentación forzosa a los presos del GRAPO, Múgica destacó la coincidencia entre los criterios constitucionales del Tribunal y los criterios políticos del Gobierno. "Junto a eso", añadió, "el Gobierno afirma que también responde a justos criterios políticos y esa compenetración entre los ajustados criterios constitucionales y los justos criterios políticos hace que no cambiemos nuestra actitud en relación con los presos de la organización terrorista GRAPO".