Escollos en la concentración

LAS CENTRALES sindicales consideran que el documento presentado por el Gobierno sobre la obligación de los empresarios de facilitar a los representantes de los trabajadores los datos básicos de los contratos realizados en la empresa no refleja el acuerdo logrado el pasado mes de enero y amenazan, entre acusaciones bastante sonoras, con romper el proceso de concertación. La diferencia fundamental estriba en que el documento del Gobierno circunscribe esa exigencia a los contratos temporales o subvencionados, mientras que las centrales consideran que es de aplicación a cualquier contrato, incluid...

LAS CENTRALES sindicales consideran que el documento presentado por el Gobierno sobre la obligación de los empresarios de facilitar a los representantes de los trabajadores los datos básicos de los contratos realizados en la empresa no refleja el acuerdo logrado el pasado mes de enero y amenazan, entre acusaciones bastante sonoras, con romper el proceso de concertación. La diferencia fundamental estriba en que el documento del Gobierno circunscribe esa exigencia a los contratos temporales o subvencionados, mientras que las centrales consideran que es de aplicación a cualquier contrato, incluidos los indefinidos.En un primer momento, el ministro de Economía manifestó que se trataba de un borrador susceptible de negociación. Sin embargo, tras las drásticas descalificaciones realizadas por las centrales, los negociadores del Gobierno esgrimen ahora un argumento no evocado antes: puesto que el acuerdo de enero se planteaba como desarrollo de determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, en los que se habla únicamente de ciertas modalidades muy específicas de contratación -de obra o servicios, de sustitución por excedencia, etcétera-, la interpretación literal del acuerdo excluiría de su ámbito no sólo los contratos indefinidos, sino la mayoría de los temporales. Es decir, que se plantea la cuestión de manera aún más restringida que en el documento presentado hace unos días por el Ejecutivo.

Se ha llegado así a una situación absurda en la que lo de menos parecen ser los contenidos y la segunda parte de la concertación referida a formación profesional, regulación de la huelga en los servicios públicos, etcétera. El principal objetivo de la exigencia de información por parte de las centrales era evitar el fraude, largamente denunciado por CC 00 y UGT, de los empleadores en relación a las diversas modalidades de contratos de fomento del empleo y otros de carácter temporal e incentivados con subvenciones.

La acusación de la patronal según la cual con el acuerdo se abría la puerta hacia la sovietización de las empresas, en la medida en que se otorgaba a las centrales una especie de derecho de veto sobre contrataciones y despidos, era sin duda exagerada: en algunos de los países con más sólida tradición democrática, la intervención sindical en la contratación está establecida desde hace muchos años, sin que de ello se haya derivado riesgo alguno para la libertad de las relaciones laborales. Lo que sí es cierto es que la atribución a las centrales de cierta capacidad de intervención en la fiscalización de las contrataciones favorecerá la implantación sindical en las empresas.

Así pues, la extensión de esa intervención a todos los contratos, y no sólo a los especiales, era algo que no se deducía necesariamente del objetivo (evitar el fraude) perseguido, por más que pudiera considerarse conveniente para los intereses de las centrales desde otros puntos de vista. En todo caso, es evidente que se trata de una cuestión que debería haber sido discutida conjuntamente por los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales, en la medida en que afectaba directamente a ambas partes. Al negarse a dar carácter tripartito a la negociación con el Gobierno durante la primera fase de la concertación, las centrales asumieron el riesgo de conflictos como el que ahora se plantea. Y al aceptar ese planteamiento, el Gobierno compartió el riesgo.

Así, si es lógico que los sindicatos protesten por lo que consideran modificación unilateral del acuerdo -variación en las interpretaciones, no en lo acordado que figura por escrito-, no lo fue su pretensión de actuar en ese terreno al margen (de la patronal. Por ello, también sería lógico, ante la oposición de la CEOE, intentar algún arreglo que evite entrar en una peligrosa espiral. Prioridades de la plataforma sindical como la creación y mejora de la, calidad del empleo son imposibles sin la participación de los empleadores en el pacto. En consecuencia, las centrales cometerían un grave error si tomaran pie en el problema surgido para cuestionar el edificio que laboriosamente se construyó el pasado invierno. Aunque sólo sea porque, tras la experiencia lamentable de las fracasadas negociaciones de 1989, los sindicatos no pueden ignorar que su influencia en la sociedad depende mucho más de su capacidad para lograr acuerdos tangibles con la patronal y el Gobierno que de cualquier otro factor. Y que no hay acuerdos sin contrapartidas. Si se rompiese la concertación, los sindicatos darían armas a quienes opinan que para mejorar la competitividad de un país lo mejor es que: no 6ya pactos de ningún tipo; la experiencia indica que este otro esquema ha funcionado en algunas zonas del mundo marcadas por una política económica liberal.

A pocos meses de las elecciones de delegados, y cuando su principal objetivo es el reforzamiento del sindicalismo de empresa, las centrales tampoco pueden ignorar que no siempre es evidente que los trabajadores tengan que considerar beneficioso para sus intereses aquello que favorece los de los aparatos sindicales. Y el Gobierno tiene ahora en sus manos, mediante el nuevo texto que se ha comprometido a presentar en el plazo de una semana, el demostrar que ha aprendido la lección de 1988 y considera más importante el acuerdo en sí que alardear de no achantarse. La necesidad de prepararse para el mercado único europeo, con las correspondientes exigencias para toda la sociedad, debería ser argumento suficiente para promover la flexibilidad negociadora. Por parte de todos los interlocutores.