El PSOE propondrá que los partidos rindan cuentas de sus gastos después de las campañas
El PSOE propondrá a todos los partidos la exigencia de rendir relación de sus gastos en el curso de las campañas electorales, de manera que el Tribunal de Cuentas pueda emitir al final de los distintos procesos su informe sobre el cumplimiento o no de la ley. Esta será la medida inmediata que abordarán los partidos sobre su financiación.
Los partidos consideran que la ley actual es "difícilmente mejorable", si todos la cumplieran. La ponencia constituida en el Congreso sobre el censo electoral será el marco de debate de este asunto. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su pres...
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El PSOE propondrá a todos los partidos la exigencia de rendir relación de sus gastos en el curso de las campañas electorales, de manera que el Tribunal de Cuentas pueda emitir al final de los distintos procesos su informe sobre el cumplimiento o no de la ley. Esta será la medida inmediata que abordarán los partidos sobre su financiación.
Los partidos consideran que la ley actual es "difícilmente mejorable", si todos la cumplieran. La ponencia constituida en el Congreso sobre el censo electoral será el marco de debate de este asunto. El Grupo Parlamentario Socialista, a través de su presidente, Eduardo Martín Toval, propondrá al resto de las fuerzas políticas la reducción en los gastos electorales, no en el sentido de restringir lo marcado legalmente, sino con la exigencia de que se cumplan los topes que a cada uno corresponden.La vía de control será el Tribunal de Cuentas, para cuya eficacia se requiere de forma inexcusable la acción de los partidos y su diligencia para remitir debidamente documentados las justificaciones de sus gastos.
La primera medida concreta será implantar la remisión a este tribunal de los gastos que se efectúen en campaña electoral mientras ésta se desarrolla, de manera que al final de los procesos el tribunal pueda emitir un informe sobre el grado de cumplimiento de cada cual.
Reforzar la ley
El dirigente socialista Eduardo Martín Toval dijo a este periódico que no se trataba de modificar la ley sino de "reforzarla", y entre otras medidas propondrá que el Parlamento regule sanciones para quien incumpla la ley en materia electoral.
En principio, ni los socialistas ni otros grupos políticos quieren afrontar una posible modificación de la ley de financiación, y además de ensalzarla apelan a su poco tiempo de rodaje, por lo que todavía no hay perspectiva para saber cuáles son sus fallos. Sí hay conciencia, sin embargo, de que muchos de sus apartados no se cumplen totalmente, y fundamentalmente en relación con la rendición de cuentas al tribunal competente.
Esta materia forma parte del paquete legislativo que negocia el PSOE y el CDS, aunque ambos partidos defienden que el consenso en esta materia tiene que ser entre todas las fuerzas políticas, según expresaron ayer Martín Toval y el portavoz del CDS, Antonio Fernández Teixidó.
El político centrista defiende la actual ley, así como los criterios de proporcionalidad que ahora rigen en esa norma. A juicio de Fernández Teixidó, no obstante, todos los partidos tienen que reducir los gastos electorales, y alerta sobre la imagen de despilfarro que en cada campaña llega a la opinión pública.
La propuesta del CDS coincide con la del PSOE en el sentido de que el control de los gastos sea "inmediato", y desde el primer día de campaña lo que debe ir unido a un aumento de las dotaciones del Tribunal de Cuentas. Su portavoz afirmó que su partido defenderá la actual limitación de las donaciones a los partidos como garantía de independencia, y apunta la idea de que estas aportaciones tengan algún tipo de deducción en el impuesto sobre la renta.
Buena ley si se cumpliera
La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos fue aprobada el 2 de julio de 1987 por una unanimidad que se mantiene ahora al ser considerada como una buena ley en el caso de que se cumpliera escrupulosamente, cosa que no ocurre, según el testimonio de los dirigentes políticos. Dice la ley que los partidos se nutren de las subvenciones públicas y privadas, pero estas últimas con condicíonantes.Así, los partidos no podrán aceptar "directa o indirectamente" aportaciones anónimas cuando la cuantía total de las recibidas en un ejercicio anual sobrepase el 5% de la cantidad asignada en los presupuestos del Estado. Tampoco las aportaciones de una misma persona fisica o jurídica podrán ser superiores a 10 millones al año.