Justicia mantendrá el decreto sobre el servicio civil hasta agotar el plazo de ejecución de la sentencia
El Ministerio de Justicia mantendrá vigente el reglamento de Prestación Social Sustitutoria del Servicio Militar hasta que el Gobierno acuerde la ejecución de la sentencia. El reglamento que regula el servicio civil fue anulado por el Tribunal Supremo el 12 de enero por no haberse dado audiencia a las asociaciones afectadas. Grupos de objetores han pedido que se aproveche la oportunidad para aprobar una nueva regulación que respete los derechos de los objetores.
El comunicado de Justicia especifica: "La nulidad del actual reglamento de la Prestación Social Sustitutoria de los Objetores ...
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El Ministerio de Justicia mantendrá vigente el reglamento de Prestación Social Sustitutoria del Servicio Militar hasta que el Gobierno acuerde la ejecución de la sentencia. El reglamento que regula el servicio civil fue anulado por el Tribunal Supremo el 12 de enero por no haberse dado audiencia a las asociaciones afectadas. Grupos de objetores han pedido que se aproveche la oportunidad para aprobar una nueva regulación que respete los derechos de los objetores.
El comunicado de Justicia especifica: "La nulidad del actual reglamento de la Prestación Social Sustitutoria de los Objetores de conciencia dispone de un plazo de dos meses para su ejecución. Período que empezará a contar a partir de que le sea notificada [la sentencia] al Gobierno. En consecuencia, siguen vigentes todavía todas las disposiciones contenidas en el mencionado reglamento". Fuentes de Justicia se negaron a confirmar si el Gobierno ha recibido oficialmente dicha sentencia, y, en caso que así fuera en qué fecha.El comunicado parece reconocer que el Gobierno sí ha recibido la notificación, puesto que, en un párrafo posterior, el. comunicado señala que la Abogacía del Estado presentaron un recurso en su momento "y paralelamente el Ministerio de Justicia está estudiando ya la fórmula para subsanar aquellos extremos que, por defectos de forma, han motivado la declaración de nulidad".El ministerio añade que se arbitrará un procedimiento para que las entidades afectadas puedan exponer su parecer respecto de la regulación de la prestación social de los objetores de conciencia, y especialmente de aquellos que en la actualidad realizan la prestación social y los que han pasado a situación de reserva. Este procedimiento, que la nota no aclara "evitará que se produzca un vacío legal", al tiempo que se salvaguardan los intereses de las entidades públicas y privadas que colaboran en el reglamento de prestación social".A su vez, fuentes del Ministerio de Defensa han preferido no hacer comentarios a la sentencia. del Supremo. Un portavoz Defensa afirmó que tanto la ley como el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia dependen del Ministerio de Justicia. "Aquí sólo nos ocupamos de los que hacen la mili", dijo el, portavoz.
El Gobierno en entredicho
Diversas asociaciones de objetores han criticado duramente la forma de gobernar del Ejecutivo, y han recordado que, cinco años después de la aprobación de la ley de Objeción de Conciencia, todavía existe un vacío legal sobre su aplicación. La Oficina del Defensor del Soldado ha pedido que se aprovecha la oportunidad para redactar un nuevo reglamento que recoga los derechos fundamentales de la persona.La Asociación de Objetores de Conciencia de Euskadi (AOC-EKEA), tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara nulo de pleno derecho el reglamento regulador de la prestación, sustitutoria, ha pedido a los prestacionistas de 1990 que no acudan a los nuevos llamamientos y ha recomendado a los 386 prestacionistas existentes en el Estado que dejen sus destinos, una vez que el reglamento está anulado, informa Aitor Guenaga.
El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) señaló ayer que el recurso presentado contra el reglamento sólo pretende una mejora de la ley, sin entrar a valorar la verdadera cuestión: la validez del el reclutamiento obligatorio en una sociedad que propugna una desmilitarización real. El MOC se reafirma en su desobediencia al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.