Una fábrica de Alcalá de Henares pide 5.000 millones para su traslado
La fábrica Interprint, SA, de Alcalá de Henares, situada en el casco urbano, ha enviado al Ayuntamiento un estudio de viabilidad que asciende a 5.000 millones de pesetas para su retirada en un plazo de dos a cinco años ante las presiones vecinales y de grupos políticos de la oposición.Interprint comenzó las obras de asentamiento sobre 22.000 metros cuadrados de terreno industrial perteneciente a la Comunidad de Madrid en el año 1984. El pasado año entró en funcionamiento en período de pruebas sin licencia deapertura.
En ese momento comenzaron las protestas vecinales y presiones para evi...
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La fábrica Interprint, SA, de Alcalá de Henares, situada en el casco urbano, ha enviado al Ayuntamiento un estudio de viabilidad que asciende a 5.000 millones de pesetas para su retirada en un plazo de dos a cinco años ante las presiones vecinales y de grupos políticos de la oposición.Interprint comenzó las obras de asentamiento sobre 22.000 metros cuadrados de terreno industrial perteneciente a la Comunidad de Madrid en el año 1984. El pasado año entró en funcionamiento en período de pruebas sin licencia deapertura.
En ese momento comenzaron las protestas vecinales y presiones para evitar que el Ayuntamiento concediera la licencia alegando que sufrían molestias por los humos, olores y ruidos, según declararon a este periódico los propios vecinos.
Interprint, cuya plantilla es de 48 trabajadores y que llegará a 72, estaría de acuerdo con el traslado sólo si se acepta su estudio de viabilidad, que costaría 841 millones más la subida del IPC en los dos o cinco años que dure la operación, a lo que hay que sumar el precio del suelo no contabilizado, para lo que propone una promoción inmobiliaria que supondría 4.000 millones más, recalificación del suelo y modificación de las normas subsidiarias para llegar a la máxima edificabilidad.
Actualmente las normas subsidiarias de Alcalá sólo permiten un 0,5% de edificabilidad en los 22.000 metros cuadrados de terreno, incluida infraestructura y viales, lo que permite una cantidad máxima de 60 viviendas.
La empresa, según el Ayuntamiento, ha realizado correcciones en sus colectores y sistemas de aislamiento para paliar las deficiencias denunciadas por los vecinos. Por encargo municipal se verificaron estas correcciones, cuyo informe de medición y detección ofrece niveles normales de ruidos, olores y humos. Para el Ayuntamiento la empresa es totalmente legal.