Archivado el sumario por el intento de secuestro del 'etarra' Larretxea
La Audiencia Nacional decidió ayer archivar el sumario abierto por el intento de secuestro del etarra José María Larretxea, ocurrido en 1983 en el sur de Francia y que fue organizado por el comisario en excedencia, Francisco Álvarez, entonces director del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior. El tribunal considera que "dicho hecho, por sí solo, no puede ser considerado como terrorista".La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la citada Audiencia basó su decisión en que el fiscal jefe, Eladio Escusol, no ha ejercitado acción penal alguna ni siquiera de denuncia...
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La Audiencia Nacional decidió ayer archivar el sumario abierto por el intento de secuestro del etarra José María Larretxea, ocurrido en 1983 en el sur de Francia y que fue organizado por el comisario en excedencia, Francisco Álvarez, entonces director del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior. El tribunal considera que "dicho hecho, por sí solo, no puede ser considerado como terrorista".La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la citada Audiencia basó su decisión en que el fiscal jefe, Eladio Escusol, no ha ejercitado acción penal alguna ni siquiera de denuncia de los hechos, lo que es preceptivo para que el delito pueda ser perseguido en España.
El fiscal Escusol consideró en su día que el delito ya había prescrito, por lo que declinó denunciar los hechos.
El proceso podría haber continuado si el tribunal hubiera considerado la tentativa de secuestro del etarra como un delito terrorista, pero los jueces señalan que estas diligencias se desglosaron del caso Amedo porque no tenía relación con lo que allí se investigaba y no pudo establecerse conexión de ningún tipo con los policías procesados. Y añaden que si no pudo establecerse conexión alguna de este suceso con los GAL, "dicho hecho, por sí solo, no puede ser considerado como terrorista".
La tentativa de secuestro de Larretxea fue realizada por tres miembros de los GEO y el inspector Jesús Alfredo Rodríguez Argüelles, que fueron detenidos por la policía francesa, y ordenada por el comisario Álvarez, quién así lo reconoció ante el juez Baltasar Garzón en enero de 1989. Álvarez explicó que con su acción pretendían obtener datos que condujeran a la liberación del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, que en aquellas fechas se encontraba secuestrado y posteriormente fue asesinado por ETA.
En consecuencia, el tribunal, con su decisión, no ha admitido la personación de la Asociación contra la Tortura como ejercitante de la acción popular. El caso queda definitivamente archivado, puesto que sólo el fiscal puede presentar recurso.