14 suicidios en tres asilos de Madrid en los cinco últimos años

Un total de 14 personas se suicidaron en los cinco últimos años en tres residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, según un informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región. En virtud de dicho informe, realizado por la policía judicial sobre 109 residencias oficiales de ancianos, la Fiscalía ha ordenado al Gobierno autónomo que adopte medidas eficaces para un mayor control y vigilancia de estas residencias.

Seis de los suicidios aludidos se produjeron en la residencia de Arganda del Rey, entre 1984 y 1989, otros seis en el centro de Villaviciosa de Odón,...

Un total de 14 personas se suicidaron en los cinco últimos años en tres residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, según un informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la región. En virtud de dicho informe, realizado por la policía judicial sobre 109 residencias oficiales de ancianos, la Fiscalía ha ordenado al Gobierno autónomo que adopte medidas eficaces para un mayor control y vigilancia de estas residencias.

Seis de los suicidios aludidos se produjeron en la residencia de Arganda del Rey, entre 1984 y 1989, otros seis en el centro de Villaviciosa de Odón, entre 1987 y 1989, y otros dos en la residencia de Navalcarnero en 1989. En trece de los casos, los ancianos se suicidaron lanzándose al vacío desde una ventana. Sólo una de las muertes se produjo por ahorcamiento. Según la investigación, la Comunidad de Madrid informó a la Fiscalía de que el 18% de estos casos eran personas que padecían un proceso canceroso; otro 60% padecía una patología invalidante y en un 36% de los casos se manifestó una patología depresiva.

Hace unos meses, la Fiscalía ordenó la apertura de diligencias informativas sobre hechos luctuosos acaecidos en estas residencias. La policía judicial redactó el informe, aunque sigue investigando otras residencias clandestinas que funcionan en precarias condiciones higiénicas y sin la suficiente atención médica, "explotando económicamente a los ancianos".

La información recabada por la Fiscalía refleja que, de las 109 residencias investigadas, cuatro no tienen licencias municipales de apertura y muestran carencias de habitabilidad. Residentes de algunos de estos centros presentaron, además, denuncias por malos tratos.