Orden de investigar si existió tráfico de influencias en Ribera de Curtidores, 6

El equipo de gobierno de centroderecha del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo un amplio informe en el que se delimite si pudieron existir influencias o información privilegiada en el expediente de ruina de Ribera de Curtidores, 6. La casa, desalojada el jueves por orden del juez, fue comprada en abril de 1988, junto a otros dos particulares, por José Antonio Martínez Arroyo, uno de los asesores en temas de empresas del primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano.

Álvarez del Manzano declaró ayer que la compra de finca...

El equipo de gobierno de centroderecha del Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo un amplio informe en el que se delimite si pudieron existir influencias o información privilegiada en el expediente de ruina de Ribera de Curtidores, 6. La casa, desalojada el jueves por orden del juez, fue comprada en abril de 1988, junto a otros dos particulares, por José Antonio Martínez Arroyo, uno de los asesores en temas de empresas del primer teniente de alcalde, José María Álvarez del Manzano.

Álvarez del Manzano declaró ayer que la compra de fincas sometidas a expedientes de ruina, como ha ocurrido en este caso, "es un negocio poco adecuado pero ortodoxo desde el punto de vista de la legislación vigente". "No podemos evitar que algún funcionario especule a título particular", dijo el primer teniente de alcalde. "Otra cosa es que un funcionario se valiera de su cargo para agilizar un expediente en beneficio propio, porque en ese caso habría una especulación administrativa y un tráfico de influencias. Por eso hay que delimitar si en este caso se ha ejercido algún tipo de presión", aseguró.

Luis María Huete, segundo teniente de alcalde y presidente de la Comisión de Investigación de Casas en Ruina, reconoció que la relación de fincas afectadas por expedientes de ruina que han cambiado de mano es bastante larga. "La investigación municipal es, sin embargo, lenta porque a veces no se vende la finca sino las acciones de la sociedad propietaria. Incluso estamos cruzando los datos para comprobar si coinciden los compradores". Aparte de estas investigaciones, el equipo de gobierno parece considerar como única solución acometer las obras de rehabilitación y luego pasar factura a los propietarios. La expropiación de fincas en ruina parece descartada. Fernando López Amor, concejal de Urbanismo, dijo que en este momento no hay ningún inmueble susceptible de ser expropiado por interés social.