Embargo cautelar de los bienes del dueño de la discoteca de Zaragoza

La Unión de Consumidores de Aragón está estudiando la posibilidad de ejercer la acción popular en el sumario abierto por el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, en la que el pasado domingo murieron 43 personas, según confirmó ayer un portavoz de la organización. Hasta ahora sólo se ha personado en la causa el propietario de la discoteca, Faustino Martínez, que permanece en libertad sin fianza y a quien se requirió el depósito de 500 millones de pesetas para garantizar posibles responsabilidades económicas. El incumplimiento de esta orden -recurrida por el defensor, Enrique Lagun...

La Unión de Consumidores de Aragón está estudiando la posibilidad de ejercer la acción popular en el sumario abierto por el incendio de la discoteca Flying de Zaragoza, en la que el pasado domingo murieron 43 personas, según confirmó ayer un portavoz de la organización. Hasta ahora sólo se ha personado en la causa el propietario de la discoteca, Faustino Martínez, que permanece en libertad sin fianza y a quien se requirió el depósito de 500 millones de pesetas para garantizar posibles responsabilidades económicas. El incumplimiento de esta orden -recurrida por el defensor, Enrique Laguna- hizo que el juez decretara ayer el embargo cautelar de todos sus bienes.Los familiares de las víctimas no se han reunido todavía ni ha n nombrado oficialmente a ningún letrado para que ejerza la acusación particular. Fuentes del Colegio de Abogados de Zaragoza aseguraron no haber recibido ninguna petición en este sentido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5, Javier Seoane, ha tomado declaración a una treintena de testigos. El fiscal encargado del caso, José María Rivera Hernández no solicitará la práctica de nuevas diligencias hasta conocer el resultado de las ya iniciadas.

Según Rivera, no existe ningún indicio que permita sospechar sobre la intencionalidad del siniestro, por lo que el único delito posible sería el de imprudencia temeraria, por lo que, según la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez no tiene la capacidad de decretar el procesamiento de los posibles encausados. Ello deja en manos del fiscal y de las partes la iniciativa para plantear una acusación formal. De no establecerse responsabilidad penal en este pro ceso, el caso pasaría a la vía civil.