El Ayuntamiento paraliza el proyecto de construcción de 6.000 viviendas en Valdebernardo
El proyecto de Valdebernardo para construir 5.400 viviendas sociales y 600 libres ha vuelto a ser aparcado por el Ayuntamiento de Madrid. El enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento, las discrepancias Espelosín-Mangada y la postura legalista del equipo municipal de centro derecha son las causas de un retraso que, a diferencia de otros anteriores, puede afectar decisivamente al proyecto de viviendas sociales más importante de los últimos años.
Según la Comunidad, sólo si el Ayuntamiento reconsidera su postura y aprueba el viernes el plan urbanístico de la zona, el proyecto pue...
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El proyecto de Valdebernardo para construir 5.400 viviendas sociales y 600 libres ha vuelto a ser aparcado por el Ayuntamiento de Madrid. El enfrentamiento entre la Comunidad y el Ayuntamiento, las discrepancias Espelosín-Mangada y la postura legalista del equipo municipal de centro derecha son las causas de un retraso que, a diferencia de otros anteriores, puede afectar decisivamente al proyecto de viviendas sociales más importante de los últimos años.
Según la Comunidad, sólo si el Ayuntamiento reconsidera su postura y aprueba el viernes el plan urbanístico de la zona, el proyecto puede salvarse de sufrir un importante retraso.Esta posibilidad estaba ayer aún en discusión, después de que el lunes la Comisión Municipal de Urbanismo, con el apoyo del PP, PSOE y CDS, decidiera, fuera del orden del día, retrasar la aprobación del Plan de Actuación Urbanística (PAU) de Valdebernardo.
La decisión de los grupos tuvo distintas motivaciones. Enrique Villoria, del PP, aseguró que su grupo había acordado posponer la inclusión del PAU en el orden del día del pleno, tras saber que los servicios técnicos municipales habían notificado el plan a cada uno de los afectados y se les había dado un plazo para recurrirlo que termina el 15 de diciembre. De nada sirvió que el gerente de Urbanismo informara que, según la Comunidad, este trámite no es obligatorio.
El centrista Fernando López Amor aseguré que su postura estuvo motivada por "el deseo del equipo de gobierno de cumplir la legalidad". "Existen unas notificaciones a los afectados a quienes se les ha dado un plazo para recurrir. No sabemos si es legal llevar el tema al pleno existiendo estas notificaciones. Por ello se ha pedido un informe al secretario general del Ayuntamiento, pues la propuesta del CDS es llevar el tema a la próxima sesión plenaria, si la legalidad lo permite".
La versión oficial socialista, contada ayer por el portavoz adjunto de este grupo, Luis Larroque, es que Jesús Espelosín apoyó la propuesta de retirada por no haber finalizado el plazo de información al público, que vencía el mismo lunes a las 12 de la noche. Larroque indicó que, una vez transcurrido el plazo y, por lo tanto, subsanada la pega burocrática, el PSOE estaba dispuesto a votar favorablemente el proyecto y pedía al equipo de gobierno su inclusión en el orden del día del pleno del viernes.
Los responsables de la Comunidad se movilizaron ayer para cambiar el signo de la votación municipal. Mientras centraban sus acusaciones en el PP, buscaban la colaboración del PSOE y del CDS. Los socialistas captaron el mensaje y a media tarde expresaban su nueva postura. Los centristas ponían el informe del secretario general del Ayuntamiento como la llave maestra para salir del atolladero.
La decisión municipal ha caído como una bomba en la Comunidad, pues los responsables de la Consejería regional de Política Territorial ven que se acaba el año sin que se haya utilizado la partida de 3.400 millones reservada para las expropiaciones de Valdebernardo.
"El PP, que se ha opuesto sistemáticamente al proyecto de Valdebernardo, ha puesto un nuevo obstáculo", afirmó Jesús Morón, viceconsejero regional de Política Territorial.
Este nuevo retraso no tendría una gran importancia si no fuera por la delicada situación política que vive la Comunidad de Madrid y que puede obligar a prorrogar el presupuesto de este año, ante la falta de acuerdo para aprobar uno nuevo. Ello dejaría en el aire los 3.400 millones de pesetas presupuestados por la Comunidad este año para la expropiación de terrenos en Valdebernardo. "No está claro que las inversiones sin realizar puedan prorrogarse", dijo Morán.
Comisiones Obreras, por su parte, expresó ayer su radical oposición a la decisión adoptada por la comisión municipal y criticó duramente al concejal socialista Jesús Espelosín, a quien calificó de "uno de los artífices de esta paralización".