La cuestión de la 'mili'

Entre las escasas postulaciones -o promesas- concretas que los partidos políticos han formulado durante la pasada campaña electoral, una en que coincidieron y compitieron todos a porfía fue la de reducir la duración del servicio militar obligatorio hacia su completa y definitiva eliminación. Era sin duda un tema electoralmente agradecido, pero al mismo tiempo, y a diferencia de otras propuestas meramente demagógicas, es algo que tiene perspectivas razonables de ser llevado a la práctica, y por eso pudo asumirlo y hacerlo suyo, junto a los partidos que de momento carecían de expectativas inmedi...

Entre las escasas postulaciones -o promesas- concretas que los partidos políticos han formulado durante la pasada campaña electoral, una en que coincidieron y compitieron todos a porfía fue la de reducir la duración del servicio militar obligatorio hacia su completa y definitiva eliminación. Era sin duda un tema electoralmente agradecido, pero al mismo tiempo, y a diferencia de otras propuestas meramente demagógicas, es algo que tiene perspectivas razonables de ser llevado a la práctica, y por eso pudo asumirlo y hacerlo suyo, junto a los partidos que de momento carecían de expectativas inmediatas, el que se encontraba instalado en el Gobierno y esperaba poder continuar desempeñando sus responsabilidades tras de las elecciones.No sólo se trata de una propuesta realizable, sino más aún: de una cuestión surgida a resultas de los espectaculares cambios introducidos en el mundo contemporáneo por el desarrollo de la tecnología, cuyos avances en el presente siglo han tenido lugar -como tantas otras veces a lo largo de la historia- ante todo en el terreno de la ingeniería militar o a impulso de intenciones bélicas, y en todo caso con decisivo efecto sobre los dispositivos del aparato bélico.

Paradójicamente, el desarrollo tremendo de la eficacia de ese aparato, en coincidencia estrecha e íntima con la organización del poder mundial concentrado en estructuras gigantescas, ha hecho fútil el potencial destructivo acumulado, de manera tal que, frente a la alternativa de aniquilación de nuestro planeta, ya nunca jamás podrá ser empleado a fondo en una confrontación total ese imponente armarnento. Cabe prever en cambio que las fuerzas armadas sean destinadas en el futuro a meras funciones de policía mundial; pero esta es cuestión aparte.

Volviendo, pues, a la de una gradual reducción y posible supresión completa del servicio militar obligatorio, cabe observar por lo pronto que, según siempre ocurre, las discusiones de principio acerca del tema surgen no en el vacío y en abstracto, sino precisamente cuando la realidad social lo ha traído a la superficie. Tal fue el caso con las polémicas sobre el feminismo tan pronto como la revolución industrial empezó a reclamar mujeres para el trabajo industrial sacándolas del ambiente doméstico, y tal ocurre ahora con el servicio de las armas cuando su manejo requiere no tanto una masa de combatientes en campo de batalla como equipos de técnicos especialistas, cuya formación es por lo demás transferible del terreno militar al civil, y viceversa. (Por cierto que, curiosamente, ambos fenómenos se están entrecruzando en este momento de varias maneras: la aviación civil atrae a los pilotos militares, y la aviación militar vacila en reclutar mujeres.) De cualquier manera, la transformación de los ejércitos hace innecesaria, inconveniente quizá, la conscripción masiva de jóvenes, y por consiguiente ha sido llevada enseguida al foro público la discusión de principio sobre el servicio militar obligatorio.

En España, esta discusión está planteada de manera precisa y concreta alrededor de la objeción de conciencia. ¿Es legítimo examinar, apreciar y valorar, para exonerarlo o no de él, los motivos por los que un individuo se niega a prestar el servicio? ¿No basta al efecto con que declare su voluntad negativa? De otra parte, si la autoridad del Estado establece esa carga forzosa sobre los particulares, ¿no será contrarío al principio constitucional de igualdad ante la ley el que la exigencia haya de pesar tan sólo sobre los individuos de sexo masculino?

Por otro lado se aduce a favor del servicio militar obligatorio el dudoso argumento de que su implantación fue conquista democrática de la Revolución Francesa, que puso a "la nación en armas", y se pretende que un ejército profesional habría de quedar separado o segregado del cuerpo de la sociedad. Este argumento es particularmente especioso, y hasta puede resultar irrisorio en su confrontación con la realidad práctica, pues rara vez despertará solidaridad con el ejército, sino más bien todo lo contrario, la experiencia de unos muchachos a quienes por lapso más o menos largo se segrega de la sociedad para imponerles en pura pérdida el sacrificio de una disciplina con frecuencia fuera de todo propósito racional. Y en cuanto a la supuesta separación en que se colocaría a un ejército profesional, baste considerar lo dicho antes: la preparación técnica especializada que se requiere para quienes hayan de integrarlo es análoga e intercambiable con la que, en términos generales, exige el funcionamiento de la sociedad moderna en su conjunto; y dado el improbable caso de un conflicto bélico, no hay duda de que la sociedad en su conjunto se vería implicada y tendría que integrarse de todas maneras en las operaciones, tomando parte en el esfuerzo militar.

Por debajo de cualesquiera consideraciones de principio, es lo cierto que la estructura básica de la sociedad actual pone en cuestión la funcionalidad de un ejército constituido mediante la recluta forzosa de la población juvenil masculina para un servicio transitorio, y pide en cambio la formación de cuadros especializados que pudieran servir, en la improbable eventualidad de un conflicto armado, para encajar en ellos los efectivos de la entonces indispensable movilización general.

Quedarían a estudio, por supuesto, ya en el plano de la inmediata realidad práctica, los muchos aspectos que son dignos de atención en materia de tanta importancia, entre otros, y de modo muy señalado (autorizadamente se lo señaló en efecto durante la campaña electoral), el del coste económico que un ejército profesional acarrearía. Y es ahí -puesto que, al parecer, todos los partidos están de acuerdo sobre la reducción, si no la supresión completa, del servicio militar obligatorio- donde la discusión debería situarse dentro del hemiciclo parlamentario.