La Audiencia establece que Amedo operaba en acto de servicio
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer declarar al Estado "responsable civil subsidiario" del subcomisario de policía José Amedo Fouce y del inspector Michel Domínguez, por las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderles por su presunta implicación en las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La decisión, adoptada contra el criterio del fiscal, significa que el tribunal establece que ambos agentes actuaron como policías "en el desempeño de sus obligaciones o servicio" cuando realizaron las conductas por las que fueron procesa...
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La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer declarar al Estado "responsable civil subsidiario" del subcomisario de policía José Amedo Fouce y del inspector Michel Domínguez, por las responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderles por su presunta implicación en las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). La decisión, adoptada contra el criterio del fiscal, significa que el tribunal establece que ambos agentes actuaron como policías "en el desempeño de sus obligaciones o servicio" cuando realizaron las conductas por las que fueron procesados y se encuentran en prisión incondicional.
Tanto la acusación particular como la acción popular que ejercen 104 ciudadanos solicitaron reiteradamente la declaración del Estado como responsable el vil subsidiario en esta causa. Sin embargo, sólo después de la reciente declaración de insolvencia de ambos procesados el tribunal abordó este asunto y ayer decidió acceder a aquellas solicitudes, en contra del informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, que ha relevado en el cargo al fiscal del caso, Ignacio Gordillo.La resolución de la Audiencia Nacional ha sido interpretada por los juristas consultados por este periódico como una manifestación de que este tribunal considera que los delitos de los que se acusa a Amedo y Domínguez fueron realizados, según el texto del artículo 22 del Código Penal aplicado al caso, "en el desempeño de sus obligaciones o servicio". Las fuentes consultadas señalaron que la condición de funcionario no basta para declarar la responsabilidad civil del Estado, sino que es necesario además, como ha ocurrido en este caso, que los funcionarios procesados actuaran en el desempeño de sus respectivas funciones públicas.
El abogado Fernando de Salas, letrado de la acción popular, declaró ayer a EL PAÍS que la resolución es "lógica", y afirmó que la posición del fiscal "muestra que, tras ser desalojado del caso el fiscal Gordillo, se ha abandonado la acusación contra les dos policías procesados, en contra de su obligación de mantenerla".
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