Pobres, pero negociantes
El Ivima ha comprobado que al menos 300 solicitantes de. vivienda social se han beneficiado anteriormente de un piso de promoción pública que ha sido revendido. En esta lista negra figuran alrededor de 250 familias gitanas. "Se mueven urgidos por la necesidad de dinero", destaca Miguel Ángel Pascual.En los censos realizados en la zona denominada Pozo del Huevo con vistas al realojamiento de su población marginal en el edificio que construye el Ivima en Moratalaz han reflejado que 21 familias (15 gitanas y 6 payas) ya habían sido beneficiarias de una vivienda pública.
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El Ivima ha comprobado que al menos 300 solicitantes de. vivienda social se han beneficiado anteriormente de un piso de promoción pública que ha sido revendido. En esta lista negra figuran alrededor de 250 familias gitanas. "Se mueven urgidos por la necesidad de dinero", destaca Miguel Ángel Pascual.En los censos realizados en la zona denominada Pozo del Huevo con vistas al realojamiento de su población marginal en el edificio que construye el Ivima en Moratalaz han reflejado que 21 familias (15 gitanas y 6 payas) ya habían sido beneficiarias de una vivienda pública.
También se han descubierto serias irregularidades en la actuación de Meseta de Orcasitas, donde 115 de los 150 pisos revendidos habían sido adjudicados a familias gitanas.
El Ivima ha dispuesto para el realojamiento de los revendedores de vivienda social una solución que conlleva un castigo: campamentos provisionales, en los que deben construirse su propia vivienda. La Administración se limita a suministrar agua y electricidad.
Manuel Martín Ramírez, presidente de la asociación Presencia Gitana, considera que en las afirmaciones del director del Ivima late un brote de racismo institucional. "No defendemos en ningún caso la picaresca", afirma, "pero entre los revendedores de vivienda pública también se encuentran muchos adjudicatarios no gitanos".
Los criterios utilizados para repartir a las familias gitanas dentro de las viviendas sociales suponen "una simplificación fascista y racista", según Martín Ramírez, quien apela al principio de igualdad ante la ley para rechazar toda discriminación.
Pascual precisa que el realojamiento de la población gitana es "una obra de ingeniería social más que de ingeniería civil". El Ivima instala, como máximo, a una familia gitana por bloque. Entre otras medidas, se procura que, según la orientación de los balcones, las familias gitanas tampoco coincidan frente a frente.