Tribuna:

Juicio

El juicio a José María Ruiz-Mateos se anuncia inminente, seis años después. Por ahí debieron empezar, seis años antes. Porque es entonces cuando debió verse si era el randa garduño que decían y por cuya causa una noche oscura el Gobierno le expropió.La expropiación evitó el desastre financiero del gatuperio Rumasa, según el Gobierno expropiador. Una medida discutible, no obstante. Pues Rumasa sería un embrollo delictivo y la expropiación se haría con todas las de la ley, pero el Gobierno era en ese caso juez y parte, y el que hace de juez y de parte en el ejercicio del poder se siente infalibl...

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El juicio a José María Ruiz-Mateos se anuncia inminente, seis años después. Por ahí debieron empezar, seis años antes. Porque es entonces cuando debió verse si era el randa garduño que decían y por cuya causa una noche oscura el Gobierno le expropió.La expropiación evitó el desastre financiero del gatuperio Rumasa, según el Gobierno expropiador. Una medida discutible, no obstante. Pues Rumasa sería un embrollo delictivo y la expropiación se haría con todas las de la ley, pero el Gobierno era en ese caso juez y parte, y el que hace de juez y de parte en el ejercicio del poder se siente infalible.

Quien la hace la paga: un aforismo que el pueblo tiene convertido en axioma para defensa de la ciudadanía y la convivencia. Que pague el culpable, demanda el sentir popular. Pero jamás sin juicio previo, donde se oirán las partes, aportarán pruebas, les asistirán letrados, tal cual procede en las sociedades civilizadas. Y así será con Ruiz-Mateos, salvo en un matiz: que ya ha sido desposeído, vituperado y acude al juicio con media en las agujas.

Juzgado cuando el Gobierno presumió que delinquía, los tribunales ya habrían dictado sentencia y ahora estaría encarcelado o libre, sin negocios o con ellos, según procediera. Juzgado seis años después, aquellas presuntas culpas han de verse alteradas por cuanto ha sucedido durante este largo período de tiempo, como la procelosa reprivatización de las empresas, sus ventas y reventas, pintorescos compradores, costosos saneamientos a cargo del erario público, rocambolescas historias, no se descarta que inventadas por el encausado para envolver en confusión sus peores cargos.

Seis años después y lo que ronde, la sentencia llegará tarde, pues las circunstancias y la situación del propio justiciable difieren de cuando se planteó la cuestión. Y si llega tarde, la justicia tendrá dificultades para ser justa por muy ajustada a derecho que esté.

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