Pascual Sala sustituye a José María Fernández Pirla como presidente del Tribunal de Cuentas

Pascual Sala Sánchez, miembro del movimiento de jueces Justicia Democrática, fue elegido ayer nuevo presidente del Tribunal de Cuentas en sustitución de José María Fernández Pirla, que ocupó el cargo desde julio de 1982. El nombre de Sala será elevado al presidente del Congreso, que a su turno lo trasladará al jefe del Estado. El cargo máximo del Tribunal de Cuentas, que tiene voto de calidad, debe prometer ante el Rey.

Sala, de 54 años, es miembro del Consejo del Tribunal desde 1982 a propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras el cambio de nombre en la cúpula de la in...

Pascual Sala Sánchez, miembro del movimiento de jueces Justicia Democrática, fue elegido ayer nuevo presidente del Tribunal de Cuentas en sustitución de José María Fernández Pirla, que ocupó el cargo desde julio de 1982. El nombre de Sala será elevado al presidente del Congreso, que a su turno lo trasladará al jefe del Estado. El cargo máximo del Tribunal de Cuentas, que tiene voto de calidad, debe prometer ante el Rey.

Sala, de 54 años, es miembro del Consejo del Tribunal desde 1982 a propuesta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras el cambio de nombre en la cúpula de la institución se registra una modificación en el equilibrio político interno, pactado en 1982 entre la Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE, a través de la elección de los miembros por parte del Congreso y el Senado.Desde la constitución del Tribunal en 1982, el grupo de cinco consejeros designados a propuesta de UCD contó con el apoyo variable de un sexto consejero propuesto por el propio PSOE.

Esta peculiaridad libró en general a Fernández Pirla de romper los desempates con su voto, evitando así tener que jugar como árbitro en temas por lo general delicados por la sensibilidad pública que los rodea.

La elección de ayer da el voto de calidad a un consejero propuesto por el PSOE, pero al mismo tiempo le quita dos votos en el consejo dejando la configuración de los grupos en seis por el ala más conservadora -por la reincorporación de Fernández Pirla al voto común- y en cuatro por el sector vinculado al PSOE al elevar de rango a Sala.

Este desequilibrio sólo podría superarse parcialmente si Fernández Pirla abandona el Tribunal de Cuentas.

Posible recambio

En mayo, fuentes próximas al Ministerio de Economía señalaron que "Fernández Pirla es uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", creada por la ley de Reforma de este Mercado, recientemente aprobada.

Fuentes jurídicas dijeron ayer que Fernández Pirla no se presentó a la reelección para el nuevo mandato porque tenía pactada la presidencia de esta Comisión Nacional. Esta versión no pudo ser contrastada ayer con Fernández Pirla.

En el caso que el ex presidente salga del Tribunal la lucha se centrará en el nuevo consejero, ya que si éste es propuesto por el partido del gobierno se llegaría a un nuevo equilibrio de cinco contra cinco, con un voto fluctuante y el voto de calidad en manos del bloque vinculado a la política del PSOE.

Los consejeros propuestos por UCD son, además del ex presidente, Ubaldo Nieto, Pedro Bujidos, Carlos Ollero, Fernando Murillo y Marcial Moreno. El voto fluctuante, propuesto por el propio PSOE es el de Andrés Sanz Ramírez, y los consejeros propuestos por el PSOE son Esteban Granado, Andrés Santiago Suárez, Pascual Sala, Álvaro Rodríguez y Juan Mancebo.

La elección de Sala dejó vacante el cargo de Presidente de la Sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Ese puesto será cubierto por Carlos Ollero, uno de los consejeros propuestos por UCD.

Telón de fondo

Como telón de fondo de los cambios en la cúpula del Tribunal está la decisión del Supremo la semana pasada que obliga a la institución a juzgar responsabilidades contables en la reprivatización de Rumasa. El Supremo falló a favor de José María Ruíz Mateos en este punto, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara dos veces la petición del empresario jerezano de que se juzgue la legalidad y el alcance de la venta del holding, por tratarse de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas precisaba en su informe que el proceso de reprivatización de las empresas del grupo se había desarrollado con regularidad, si bien cuatro de los miembros del organismo emitieron un voto particular en contra.