UGT se opone a que el Consejo Económico y Social se constituya por decreto
La UGT propone que el Consejo Económico y Social (CES) sea un organismo autónomo y se cree mediante una norma con rango de ley y no por decreto, como recoge el proyecto elaborado por Trabajo y Economía, que cuenta ya con el visto bueno del Consejo de Estado. El Gobierno ha enviado a los sindicatos y a la patronal el citado proyecto para que presenten sus alegaciones en el curso de esta semana.
Los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE están dispuestos a participar en el Consejo Económico y Social, aunque discrepan con algunos puntos del proyecto elaborado por el Gobierno, que, tal c...
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La UGT propone que el Consejo Económico y Social (CES) sea un organismo autónomo y se cree mediante una norma con rango de ley y no por decreto, como recoge el proyecto elaborado por Trabajo y Economía, que cuenta ya con el visto bueno del Consejo de Estado. El Gobierno ha enviado a los sindicatos y a la patronal el citado proyecto para que presenten sus alegaciones en el curso de esta semana.
Los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE están dispuestos a participar en el Consejo Económico y Social, aunque discrepan con algunos puntos del proyecto elaborado por el Gobierno, que, tal como se esperaba, se acerca bastante al modelo propuesto por UGT. El dirigente de este sindicato Emilio Castro, responsable de acción institucional, reconoce que el proyecto del Gobierno recoge propuestas de su organización, como el carácter consultivo o la no participación del Gobierno, pero contiene algunas diferencias.La UGT no está de acuerdo con que el presidente del CES sea designado por el Gobierno y sugiere que sea elegido entre los miembros del propio consejo. En cuanto a los componentes, que según el proyecto del Gobierno serán 40, la central ugetista cree que son insuficientes y por ello propone un número en torno a las 60 personas.
El tercer grupo de miembros del CES es el que ofrece más problemas, ya que el Ejecutivo establece que debe estar formado por expertos de reconocido prestigio en cuestiones laborales, y UGT cree que ese grupo no tiene que ser homogéneo y debe dar cabida a organizaciones agrarias y de pescadores, cooperativas y asociaciones de consumidores. Comisiones y la CEOE siguen afirmando que ese grupo debería estar formado por representantes del Gobierno.
El Ejecutivo asigna al CES un papel consultivo, de asesoramiento y colaboración en el desarrollo de normas socioeconómicas y laborales, con la excepción de los Presupuestos Generales del Estado, y anualmente elaborará una memoria sobre la situación socioeconómica y laboral.
El Gobierno no participará en el CES "para garantizar su independencia", pero se guarda la facultad de nombrar al presidente, al secretario general y al grupo de expertos, a propuesta de los ministros de Economía y Trabajo.
Comisiones muestra mayores discrepancias, sobre todo porque no desarrolla el artículo 131 de la Constitución y entiende que el CES no será un cauce de participación democrática de la planificación económica. Tampoco está de acuerdo con que sea un órgano meramente consultivo, dado que la consulta y el asesoramiento puede realizarse, y de hecho se hace, sin la constitución de ningun organismo.
La CEOE, por su parte, estima que el Gobierno debía participar para que sea realmente operativo y reclama que sea un órgano eficaz, de debate y discusión, pero que en ningún caso se convierta en una tercera cámara.