El Gobierno, tal como propone UGT, no participará en el Consejo Económico y Social

El Gobierno no participará directamente en el Consejo Económico y Social (CES) y, en consecuencia, está dispuesto a aceptar la propuesta de UGT. Como es sabido, tanto Comisiones Obreras como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) consideran más efectivo que el ejecutivo esté presente. El futuro CES será tripartito y, además de las centrales y organizaciones empresariales más representativas, habrá un tercer grupo formado por expertos de reconocido prestigio en el que tendrá cabida algún representante de la Administración.

Asimismo, el Gobierno tiene intenci...

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El Gobierno no participará directamente en el Consejo Económico y Social (CES) y, en consecuencia, está dispuesto a aceptar la propuesta de UGT. Como es sabido, tanto Comisiones Obreras como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) consideran más efectivo que el ejecutivo esté presente. El futuro CES será tripartito y, además de las centrales y organizaciones empresariales más representativas, habrá un tercer grupo formado por expertos de reconocido prestigio en el que tendrá cabida algún representante de la Administración.

Asimismo, el Gobierno tiene intención de desbloquear en breve la negociación con los interlocutores sociales para la constitución del citado consejo. Tanto UGT y CC OO como la CEOE han afirmado reiteradamente que el diálogo entre ellos estaba agotado y no consideran posible llegar a un consenso tal como han reclamado el presidente del Gobierno, Felipe González, y el ministro de Trabajo, Manuel Chaves. El ejecutivo estima que ha llegado el momento de tomar una decisión y no demorar más las discusiones.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto convocar en los primeros días de mayo a los sindicatos y a la patronal y con esa reunión cerrará el diálogo. Si no hay acuerdo, será el Consejo de Ministros quien apruebe por decreto la constitución del CES, punto con el que no está de acuerdo UGT, que considera se debe aprobar por ley en el Parlamento.

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