El 'zulo' imaginario y la tortura

El caso Zabalza, archivado ayer, dos años y medio después de la apertura de las primeras diligencias, ha permanecido durante este tiempo bajo la sospecha de buena parte de la opinión pública vasca.La confusión, las dudas, la polémica han estado sujetas a dos hipótesis subyacentes nunca explicitadas en la investigación judicial. La que supone que Mikel Zabalza inventó la existencia de un zulo -depósito de armas- en Endarlaza porque conocía las posibilidades que el lugar y el terreno le ofrecían para huir de los guardias civiles que le habían detenido como sospechoso de colaborar c...

El caso Zabalza, archivado ayer, dos años y medio después de la apertura de las primeras diligencias, ha permanecido durante este tiempo bajo la sospecha de buena parte de la opinión pública vasca.La confusión, las dudas, la polémica han estado sujetas a dos hipótesis subyacentes nunca explicitadas en la investigación judicial. La que supone que Mikel Zabalza inventó la existencia de un zulo -depósito de armas- en Endarlaza porque conocía las posibilidades que el lugar y el terreno le ofrecían para huir de los guardias civiles que le habían detenido como sospechoso de colaborar con ETA y la que cree ver en esa muerte la resultante más trágica de sus sospechas sobre torturas a los detenidos.

La última de estas hipótesis ganó cuerpo y se instaló en la conciencia de muchos ciudadanos alentada por la incomunicación que ha caracterizado la situación de los detenidos sometidos a la legislación antiterrorista.

El juez que acaba de archivar las diligencias suscribe en su resolución la censura consignada por los delegados del Defensor del Pueblo por el hecho de que Mikel Zabalza no contó con asistencia de un abogado que le mostrara sus derechos y asistiera a su declaración. Dice más: se felicita de que esa legislación de emergencia se encuentre en trance de desaparición y habla "del sarcasmo que conlleva el que una ley excepcional capaz de normalizar el abuso prevea tan vagamente la represión de los abusos que se pueden producir con su aplicación".

En el cuartel donostiarra de Intxaurrondo, como constata también el juez, no había además un registro de comunicaciones telefónicas que permitiera acreditar lo que ocurrió el 26 de noviembre de 1985 con un detenido que desapareció cuatro horas más tarde de ser arrestado y que murió ahogado con las manos esposadas.