El Central repartió los honorarios a los directivos del Popular Argentino

Los directivos del Banco Central afectados por una querella interpuesta por una presunta omisión en la repatriación de honorarios a un miembro del directorio del Banco Popular Argentino, entre los que se encuentra el presidente de la entidad, Alfonso Escámez, han manifestado ayer su "indignación" ante la acción legal ya que "estos fondos fueron repatriados hace tiempo y con toda legalidad", según un comunicado emitido por el propio banco. "Por otra parte -añade el comunicado- las cantidades carecen individualmente de significado económico en cada uno de los años que se citaban [en la acción le...

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Los directivos del Banco Central afectados por una querella interpuesta por una presunta omisión en la repatriación de honorarios a un miembro del directorio del Banco Popular Argentino, entre los que se encuentra el presidente de la entidad, Alfonso Escámez, han manifestado ayer su "indignación" ante la acción legal ya que "estos fondos fueron repatriados hace tiempo y con toda legalidad", según un comunicado emitido por el propio banco. "Por otra parte -añade el comunicado- las cantidades carecen individualmente de significado económico en cada uno de los años que se citaban [en la acción legal por la supuesta infracción monetaria], de 1978 a 1983".En este sentido, los directivos del Banco Central afectados por la querella puntualizan que los hechos fueron puestos en su día a la Dirección General de Transacciones Exteriores y al servicio de control de cambios del Banco de España. "Posteriormente, también hace ya más de dos años y como resultado de una sentenciajudicial argentina que desestimaba definitivamente la demanda, se procedsió por los abogados a la transferencia de fondos convertidos en moneda negociable, según consta en la documentación que obra en poder de la Dirección General de Transacciones Exteriores", añade el comunicado.

Por otra parte, los directivos afectados por la acusación de delito monetario han lamentado "el tratamiento público, que afecta injustamente al buen nombre de unos profesionales que se sienten gravemente perjudicados".

La denuncia contra Alfonso Escamez y otros directivos del Central fué presentada por una súbdita española de 91 años de edad, con residencia permanente en Argentina.

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