Los sindicatos acusan a la empresa Explosivos Alaveses de falta de medidas de seguridad

Los médicos del hospital alavés de Txagorritxu temen por la vida de Virgilio Puebla, uno de los tres trabajadores de Explosivos Alaveses heridos en la explosión que costó la vida el viernes en Ollabarre, a 11 kilómetros de Vitoria, a otros tres empleados de esa empresa. Virgilio Puebla, que ha sido sometido a una operación de más de cinco horas, sufrió ayer una recaída, y su estado es crítico. Varios colectivos sindicales atribuyen el accidente a las insuficientes medidas de seguridad adoptadas por la empresa.Otro de los heridos, Mari Carmen Yarza, hospitalizada en el Centro de Grandes Qu...

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Los médicos del hospital alavés de Txagorritxu temen por la vida de Virgilio Puebla, uno de los tres trabajadores de Explosivos Alaveses heridos en la explosión que costó la vida el viernes en Ollabarre, a 11 kilómetros de Vitoria, a otros tres empleados de esa empresa. Virgilio Puebla, que ha sido sometido a una operación de más de cinco horas, sufrió ayer una recaída, y su estado es crítico. Varios colectivos sindicales atribuyen el accidente a las insuficientes medidas de seguridad adoptadas por la empresa.Otro de los heridos, Mari Carmen Yarza, hospitalizada en el Centro de Grandes Quemados de Cruces, en Barakaldo (Vizcaya), permanecía ayer tarde en estado muy grave, con quemaduras que afectan a más del 60% de su cuerpo. El tercero de los heridos, José María Villate, evolucionó ayer favorablemente y su estado es menos grave.

Los cuerpos de las tres víctimas mortales que el accidente se ha cobrado hasta el momento fueron enterrados ayer, y hoy, a las ocho de la tarde, tendrá lugar un funeral en la iglesia de los Ángeles, de Vitoria.

Varios colectivos sindicales han anunciado su intención de manifestarse en protesta por estas muertes, que atribuyen a la insuficientes medidas de seguridad adoptadas por la empresa. Un miembro del comité de empresa de Explosivos Alaveses, SA (Expal), José Manzanos, que trabaja en el pabellón destruido y que salvó su vida al encontrarse en ese momento en una reunión de CC OO, ha confirmado que existe una prohibición expresa de almacenar explosivos en el pabellón destruido, una sección dedicada al control de calidad.

Fuentes de la empresa reconocieron, sin embargo, el viernes por la tarde que la planta destruida albergaba en el momento de la explosión bombas de mano y minas anticarro, además de los 8.000 detonadores eléctricos que supervisaban los empleados. Las causas de la explosión siguen siendo una incógnita no suficientemente aclarada.

Algunas fuentes atribuyen el estallido a la manipulación de una de esas minas, cargadas hasta con cinco kilos de trilita, mientras que otras fuentes subrayaban ayer que la tragedia se produjo muy probablemente al estallido inicial de uno de los detonadores, que están provistos de una pequeña carga de explosivo y que estallan por electricidad. Según esa hipótesis, la explosión inicial de uno de los detonadores habría provocado una explosión en cadena. Los trabajadores de la factoría están obligados a vestirse con prendas de algodón, que reducen el riesgo de formación de electricidad estática.

La empresa Explosivos Río Tinto, de la que proceden los detonadores inspeccionados por Expal, ha anunciado la apertura de una investigación.

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