El Gobierno aprueba un plan para instalar teléfonos rurales en 5.700 localidades

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan de telefonía rural para el cuatrienio 1988-1991, con un presupuesto previsto de 78.965 millones de pesetas. El proyecto prevé la instalación de teléfonos públicos en 5.700 localidades, con lo que quedarán comunicadas telefónicamente todas las poblaciones con más de 50 habitantes, según el Gobierno.

Las regiones más beneficiadas por el plan serán Galicia y Asturias, y el colectivo beneficiado será de unas 750.000 personas. Asimismo, Telefónica ha previsto en el mismo plan extender sus servicios a 2.025 localidades de menos de 50 habitantes.El p...

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan de telefonía rural para el cuatrienio 1988-1991, con un presupuesto previsto de 78.965 millones de pesetas. El proyecto prevé la instalación de teléfonos públicos en 5.700 localidades, con lo que quedarán comunicadas telefónicamente todas las poblaciones con más de 50 habitantes, según el Gobierno.

Las regiones más beneficiadas por el plan serán Galicia y Asturias, y el colectivo beneficiado será de unas 750.000 personas. Asimismo, Telefónica ha previsto en el mismo plan extender sus servicios a 2.025 localidades de menos de 50 habitantes.El plan de telefonía rural aprobado ayer destina 31.754 millones de pesetas a atender a la demanda de 2.000 nuevas zonas urbanas.

El Gobierno acordó mantener durante este año las tarifas telefónicas, debido a los buenos resultados obtenidos el año pasado por la Compañía Telefónica y la previsión de un aumento de la demanda y del consumo telefónico en 1989, mientras que estableció un incremento global del 5,5% en las tarifas eléctricas.

Asimismo, el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes un proyecto de reforma de varios artículos de la ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de limitar las condiciones para presentar recursos de casación. El recurso de casación se presenta ante el Tribunal Supremo cuando una de las partes afectadas por una sentencia entiende que han existido defectos formales o que no se ha aplicado correctamente la ley.

Según el proyecto de ley preparado por Justicia, el recurso sólo será admitido cuando se suscitase en él una auténtica infracción de ley o un verdadero quebrantamiento de forma sobre los que el Tribunal Supremo no se hubiera pronunciado de manera precisa previa y reiteradamente. Asimismo, el Gobierno aprobó un real decreto por el que se crean una treintena de nuevos juzgados y unas 70 plazas de magistrados.

El Gobierno acordó igualmente renovar el mandato de José Luis Sureda y Tomás Ramón Fernández como consejeros del Banco de España.