Montero considera "muy aceptable" la decisión de la juez Huerta

El abogado Txema Montero, que ejerce la acusación particular en representación de Tomás Linaza, declaró ayer que la petición de procesamiento de 12 miembros de la Guardia Civil por la juez María Elisabeth Huerta es una decisión "muy aceptable", pero consideró este caso un ejemplo de las dificultades con que debe enfrentarse el esclarecimiento de los delitos perpetrados presuntamente por funcionarios públicos, hasta que no sea derogada la legislación especial antiterrorista.La magistrada de Bilbao elevó el pasado 27 de octubre las diligencias sobre presuntos malos tratos a Linaza a la Audiencia...

El abogado Txema Montero, que ejerce la acusación particular en representación de Tomás Linaza, declaró ayer que la petición de procesamiento de 12 miembros de la Guardia Civil por la juez María Elisabeth Huerta es una decisión "muy aceptable", pero consideró este caso un ejemplo de las dificultades con que debe enfrentarse el esclarecimiento de los delitos perpetrados presuntamente por funcionarios públicos, hasta que no sea derogada la legislación especial antiterrorista.La magistrada de Bilbao elevó el pasado 27 de octubre las diligencias sobre presuntos malos tratos a Linaza a la Audiencia Provincial, cuya sección de lo Penal deberá decidir el procesamiento de un comandante, un capitán, un sargento, un cabo y ocho números del instituto armado por presuntos delitos de malos tratos, prevaricación, denegación de auxilio y falsificación de documento oficial.

El letrado Montero, eurodiputado de Herri Batasuna, señaló que el caso Linaza es "demostrativo de la dificultad de esclarecer delitos cometidos por funcionarios públicos en establecimientos públicos en el ejercicio de sus funciones". El abogado cree necesario modificar ¡a legislación paria introducir nuevos instrumentos procesales como la publicidad de los funcionarios intervienientes, la supresión de la incomunicación del detenido, la aplicación del hábeas corpus por el juez natural, y no por la Audiencia Nacional, desde Madrid, y la observación médica de cada ciudadano en el momento de la, detención. "Hasta que se produjese la derogación de la ley antiterrorista", añadió Montero, "serían necesarias esas modificaciones ilegales para resolver unas dificultades casi insuperables en la investigación de este tipo de supuestos delictivos".