El Parlamento Andino aprueba sanciones económicas contra los sobornos de las multinacionales
La comisión de control del Parlamento Andino ha aprobado recientemente un proyecto de ley contra los sobornos de las empresas multinacionales a los funcionarios públicos en la adjudiación de contratos. Esta ley prever de llenar el vacío normativo existente hasta ahora y se adoptan un momento en que los casos de corrupción están aumentando.
Dicho proyecto establece seei as sanciones económicas a las multinacionales, desde la suspensión temporal de sus licencias de funcionamiento, según la gravedad de la cuantía y la reincidencia, hasta la cancelación definitiva de sus operaciones en ...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La comisión de control del Parlamento Andino ha aprobado recientemente un proyecto de ley contra los sobornos de las empresas multinacionales a los funcionarios públicos en la adjudiación de contratos. Esta ley prever de llenar el vacío normativo existente hasta ahora y se adoptan un momento en que los casos de corrupción están aumentando.
Dicho proyecto establece seei as sanciones económicas a las multinacionales, desde la suspensión temporal de sus licencias de funcionamiento, según la gravedad de la cuantía y la reincidencia, hasta la cancelación definitiva de sus operaciones en los cinco países integrantes del Paco Andino: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Las sanciones van acompañadas de multas a favor del Tesoro naciona proporcionales a los activos y el impedimiento para contratar con el Estado.
El nuevo instrumento legal, que será discutido próximamente por el pleno del Parlamento Andino, recomienda a los Gobiernos miembros implantar seis requisitos para poder celebrar contratos de ejecución de obras con una multinacional, entre ellos, un certificado de buena conducta acreditativo de no haber sido investigada por delito de soborno, prevaricación, tráfico de influencia o enriquecimiento ilícito.
La medida legislativa ha sido adoptada por los parlamentarios andinos después de los escándalos que protagonizó la empresa Ericsson hace tres meses simultáneamente en Bolivia, Colombia y Venezuela, al haber sido denunciada por sobreprecios y pagos de comisiones a los funcionarios, para resultar favorecida en los contratos con las compañías de teléfonos locales.